Hace casi veinte años, cuando en este país se discutía la reforma al sistema de pensiones, el Circulo de Estudios del Sindicalismo (CES) organizó una conferencia sobre el tema impartida por un joven funcionario de la Secretaría de Hacienda. Tuve la oportunidad de estar ahí a pesar de que rondaba apenas los 16 años de edad y la conferencia fue magnífica y del debate surgieron ideas que fueron incluidas por el presidente de ese Instituto de Estudios -y diputado priísta entonces- en un punto de acuerdo que llegó al Congreso de la Unión y llevó a modificar algunos términos de la iniciativa original, para beneficio de los trabajadores del IMSS, en cuya dirigencia sindical participaba el diputado. El Presidente del CES era mi padre y el ponente en la conferencia, era José Antonio Meade.
Esa fue la ocasión en que conocí y escuche por primera vez al hombre que llega, nuevamente, a la Secretaría de Hacienda y que es el último recurso y paradójicamente la mejor arma del Presidente Peña Nieto para sacar a flote su gobierno y rescatar al país.
Luis Videgaray no salió de la Secretaría de Hacienda por su intervención en el fiasco que fue la visita de Donald Trump. Pensar esto es equivocado, pues el presidente ha mostrado una altísima tolerancia a la estupidez y las malas ideas de sus colaboradores más cercanos; esa es la causa de que después de Tlatlaya no saliera el General Cienfuegos y que aún con el conflicto de la CNTE y la fuga del «Chapo», no moviera a Miguel Ángel Osorio Chong. Videgaray se fue porque perdió la confianza de los mercados, no del Presidente, pero eso pesó más porque a diferencia de con el pueblo, en el mundo financiero valen más los hechos que la saliva y la tinta.
Sin embargo, la herencia a su sucesor está envenenada, José Antonio Meade se ha sacado la rifa del tigre y tendrá que venir un rearmado integral del paquete económico, pues el que dejó Videgaray es más de lo mismo… pero peor. El discurso de Enrique Peña Nieto de que esta vez sería el gobierno quien se apretaría el cinturón y no los ciudadanos deja entrever que el Presidente no había leído el paquete fiscal, o que otra vez quiso maquillar la verdad. O sea, por decirlo de forma cortés: el discurso presidencial no corresponde exactamente con la realidad. Por decirlo de forma más exacta: el presidente es un mentiroso, por decir lo menos.
Y es que la realidad del paquete económico es la continuidad de las políticas que han condicionado un fracaso de la administración, afectando en el presupuesto a los programas más necesarios.
Así, en el proyecto de presupuesto de egresos de 2017 se recortan al gasto de la Secretaría de Salud, 14 mil 781.2 millones de pesos, pasando su presupuesto de los 136,598.7 millones de pesos en este año, a los 121,817.5 millones de pesos en el siguiente.
En el sector, es preocupante que el presupuesto asignado al Seguro Popular disminuya de los 75,437.2 millones de pesos asignados en este año, a los 68,702.8 millones de pesos en 2017. Este programa es el que brinda atención médica a los mexicanos más pobres, los que en muchos casos no tienen otra forma de atenderse en sus enfermedades y la reducción presupuestal es una irresponsabilidad que contraviene tratados internacionales signados por el Estado Mexicano, pues por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establece que el gasto social, como el de salud, debe ser progresivo y no regresivo.
Programas tan presumidos por el titular del ejecutivo como el del Seguro de Vida para Jefas de Familia, hoy son abandonados en el presupuesto, pues a este le fue reducido de mil 82 millones de pesos en 2016 a sólo 13 millones en el 2017. PROSPERA reduce en 15 millones de pesos su gasto para el próximo año, los comedores comunitarios tendrán 90 millones de pesos menos y las estancias infantiles 381 millones.
En materia de seguridad hay una disminución generalizada en los recursos asignados a las instituciones encargadas de seguridad y combate a la delincuencia. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados disminuyeron en 3.2 por ciento. El FORTASEG, un subsidio federal para fortalecer la seguridad pública en los municipios del país disminuye su presupuesto en 16 por ciento en comparación con este año, al pasar de los 5,952.6 millones de pesos a los 5 mil millones el año próximo. En el mismo rubro, parece una burla que un gobierno tan cuestionado por las continuas violaciones a los Derechos Humanos destine sólo 254,371 pesos, en el 2017, para la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
Mientras el presupuesto de servicios personales -Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones de la burocracia- alcanzará un presupuesto de 1 billón 164,676 millones de pesos, 3.57 por ciento más que en 2016, el gasto en inversión tiene una caída brutal, hasta representar sólo el 2.8 por ciento del PIB, desde el 3.9 por ciento que representó en el presupuesto del 2016. Este gasto tiene una gran relevancia en la vida económica del país, pues pone a circular dinero, crea empleos y favorece el crecimiento económico.
En total, los programas gubernamentales que impulsan el desarrollo económico tendrán un presupuesto de 914,600 millones de pesos, 19.3 por ciento menos que en el año que transcurre.
Sólo el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue recortado en 28.5 por ciento para el 2017.
Es inquietante que, a pesar de que según la propia secretaría, en 2015 se determinó que el 22 por ciento de la Red Federal de Caminos, es decir, 83,740 kilómetros de carreteras federales libres de cuota, estaban en un nivel de «condiciones no aceptables», en el presupuesto de 2017 se destinen para el mantenimiento de esta red 7,867.2 millones de pesos, poco más de la mitad de los 14,764 millones destinados este año. Igual de preocupante es que para la construcción y modernización de carreteras se asignen 11,945.5 millones de pesos en 2017, que es mucho menos de los 27,730.2 millones que se destinaron en 2016 y que el gasto para caminos rurales cayera 70.8 por ciento, hasta los 4,855 millones de pesos.
La disminución del gasto en infraestructura no sólo afecta la economía, sino que es un freno al desarrollo económico y social de muchas comunidades.
El programa «México conectado» ve reducidos sus recursos en 84 por ciento, al pasar de mil 814 millones de pesos en 2016 a sólo 288 millones 962,262 pesos en el 2017 y la meta sexenal de habilitar 250 mil sitios de acceso a internet ya se ha reducido a no más de 150 mil sitios.
En educación hay una reducción de 37 mil millones de pesos; a Ciencia, Tecnología e Innovación se destinan 85,833 millones 94,881 pesos, 6.34 por ciento menos que en 2016 y el CONACYT ve disminuidos sus recursos asignados en 23.3 por ciento, al pasar de los 37,277 millones a sólo 30 mil millones en el próximo año.
Todo esto, mientras pagamos las consecuencias de un endeudamiento desordenado y se destinan 568,200 millones de pesos para el pago del costo financiero de la deuda.
Esto no es apretarse el cinturón, esto es castigar al ciudadano. El recorte era inevitable, pero no se aplicó en las áreas adecuadas. José Antonio Meade debe de negociar con el congreso un paquete económico distinto al presentado, pues éste perjudica al país y no cambia la tendencia económica que ha hecho que se pierda la confianza de los mercados.
Meade es un hombre inteligente que sabe que no puede construir una candidatura presidencial desde la Secretaría de Hacienda para el 2018. En esta realidad será muy difícil ganar el voto cobrando impuestos y hacer amarres con un presupuesto limitado, pero sabe también que es él y desde esa posición quien puede cambiar el rumbo de este sexenio, enderezar el país y recoger el desmadre.
Hay que lograr un sistema fiscal más eficiente, para que la economía crezca y todos paguemos los impuestos que nos corresponden, combatir en serio la informalidad y eliminar gastos fiscales producto de la ocurrencia, como el del Régimen de Incorporación Fiscal que ha sido un fracaso, donde se inscribieron contribuyentes que no cumplían los requisitos, en el que los que durante dos años tributaron a tasa cero, hoy se están dando de baja y reintegrándose a la informalidad, mientras que los beneficios otorgados en los dos años de vida del programa, han costado, en impuestos no recaudados, 38,808 millones de pesos.
Con el nombramiento de Meade, el PRI perdió un precandidato, pero México ganó un excelente secretario.
José Antonio Meade tiene la capacidad técnica y política para lograr un cambio económico que enderece el rumbo del país y corrija los errores del presidente, esperemos lo haga, pues, si no es él, quién y si no es hoy, cuándo.
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