Como es posible que a estas alturas del nuevo milenio y los cambios tecnológicos que mueven de manera diferente a todo el mundo, en México todavía siga contemplándose que el viejo oficio pudiera ser un “trabajo dignificante”, cuando se conoce que es un círculo donde la perversión criminal tiene controlado a miles de prostitutas y prostitutos, que la mera verdad, ensombrecen el decoro humano.
Existen mujeres que venden sus cuerpos porque así lo quisieron, porque su nivel académico no les dio para más o de aquellas otras damiselas pueblerinas que las enganchan “bajándoles las estrellas” para traerlas a trabajar a la capital de la República, con una serie de engaños.
Sin embargo, es un núcleo social que debido a su baja condición humana, tiende a padecer lo que le llaman, estar bajo la bota tirana de un padrote, personaje que se encarga de “administrar” sus bienes y dividendos.
Las autoridades de la Ciudad de México contemplan la peligrosidad de este tipo de eventos relevantes, pero a pesar de tener las instituciones que se encargan de mitigar este flagelo, prácticamente no hacen nada y permiten el revoloteo de mariposas en toda la ciudad capital.
Llama la atención lo anterior porque la Asamblea Legislativa se aventó otra puntada de considerar “trabajo sexual” (¿digno?) la práctica de la prostitución, pero es necesario estudiar si realmente lo que consideran es pertinente en establecer criterios de vigilancia para proteger a miles de mujeres que se dedican a la venta de caricias.
Es decir, que solo al partido de la violencia, MORENA, se atreve a proponer tal semejanza.
La diputada Beatriz Rojas Martínez manifestó su desacuerdo de que la prostitución se reconozca como trabajo sexual, porque expone a quienes la ejercen a más explotación y no abona a su erradicación ni la protección de las víctimas.
Por ello, llamó al próximamente Congreso local, a no reconocerla como trabajo no asalariado, como lo plasma el proyecto de Constitución de la Ciudad de México.
Rojas Martínez abogó, a través de un punto de acuerdo a que el artículo 15 del proyecto de constitución no sea aprobado por los constituyentes porque contraviene los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por México.
En tribuna, señaló que el Estado tiene la obligación de contribuir a eliminar cualquier forma de explotación y violencia sexuales, trabajar hacia la prevención, la erradicación de la prostitución y la protección de las víctimas.
Advirtió que la Ciudad de México, junto con los estados de Tlaxcala, Puebla, Baja California y Chiapas, son las entidades con los índices más alarmantes de trata de personas.
En la ciudad capital, dijo, existen 13 corredores donde opera la impunidad y explotación sexual que funcionan en el centro de la ciudad.
Aseguró que en otros países, la despenalización de esta actividad resulta contraria a la exigibilidad de derechos, porque es un regalo para los proxenetas; se promueve la trata para la explotación sexual, se expande la industria del sexo, no se protege a las niñas y mujeres en situación de prostitución, no se aumenta las posibilidades de elección, y además las mujeres que están dentro no quieren que se legalice o despenalice esta actividad.
Agregó que tratar el fenómeno de la prostitución con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, es “enmascarar el contenido siniestro de la trata y la explotación, actos criminales que están tipificados como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos”.
Rojas Martínez lamentó que en lugar de seguir el ejemplo de la tendencia mundial encaminada a legislar y establecer políticas de prevención y salida de la prostitución, tal como sucede en Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte, Filipinas, Korea, Canadá, Guatemala y El Salvador; en México se fomente y justifique la trata de personas, contraviniendo con la legislación internacional en materia de derechos humanos.
Entre los tratados signados y ratificados por México, en el punto de acuerdo se mencionan el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,1981); el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños/as que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada (2003).
Estos estatutos, a decir de la asambleísta de MORENA, obligan a los tres poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno, a tomar las medidas pertinentes a efecto de suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.