Sindicatos, organizaciones campesinas y civiles, en defensa del derecho humano al agua denuncian el recorte del 72% del presupuesto a Conagua para destinarlo a construir obras público-privadas como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad. Los denunciantes exigen a los diputados modificar el Proyecto de Egresos de la Federación 2017 (PEF) y reasignarlo a Conagua y a los programas involucrados en infraestructura y operación.
En años anteriores ya se había alertado de las intenciones de modificar la Ley y dar paso a la privatización del Agua. Finalmente hubo una pausa en el Congreso y el tema no sé tocó, pero se sabe que el propósito está latente desde el gobierno de Fox y ahora más con las famosas Asociaciones Público Privadas.
Ricardo Ovando como vocero de la Coordinadora Agua para Todos vuelve a poner sobre aviso a la sociedad civil y a los medios de comunicación del grave recorte que se hará al presupuesto de Conagua y Proagua, para destinarlo a proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Presa y Acueducto Zapotillo o el Túnel Emisor Oriente, todos ellos bajo el esquema de Asociación Pública Privada (APP).
El vocero y activista, hizo llegar a la Gazzeta DF algunos puntos de alarma que se están analizando y defendiendo en el Congreso, a través de Miguel Ángel Montoya, asesor Parlamentario para la Gestión Integral del Agua. El documento enfatiza e que el presupuesto público siempre reflejará las prioridades, si bien no de un país, al menos sí de su gobierno. De ahí que se determine una buena política pública o no. Situación que no está pasando en materia de derecho al agua.
Las agrupaciones y organismos han denunciado que el presupuesto para Conagua será de 109 millones de pesos después de que en 2015 fue de 400 millones y en 2016 e 389 millones.
Para instrumentar el recorte el Ejecutivo Federal decidió hacer —por un lado— un recorte drástico a los programas que implican un beneficio directo a las comunidades, municipios y entidades federativas —y por el otro—, preservar el monto de recursos que implican un subsidio a la inversión privada a través de las Asociaciones Público Privadas (APP).
El peso del recorte se concentra en el programa PROAGUA mismo que a partir de 2017 será el único programa federalizado existente para atender las necesidades de construcción de infraestructura para la dotación de agua potable, drenaje y saneamiento, el recorte a ese tipo de acciones es de poco más de 9 mil millones ($9,030,425,862) ya que en el 2016 se contaba con un presupuesto en un orden cercano a los 12 mil 454 millones (entre el PROAGUA y el PROTAR –que para 2017 desaparece-), lo que representa una reducción nominal del 72.5%.
Es así que, en lugar de destinar recursos mínimos necesarios para la dotación de infraestructura de agua potable y saneamiento a comunidades y municipios, el gobierno federal propone –por ejemplo- mantener el ritmo de inversión para infraestructura hidráulica en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) de 3 mil 150 millones en 2016 a 3 mil 200 millones propuestos para 2017 o incrementar el ritmo de recursos destinado a la construcción de la Presa y Acueducto Zapotillo (85 millones en 2016 contra 500 millones propuestos para 2017).
Ambos proyectos -Zapotillo y NAICM- se ejecutan bajo el esquema de las APP por lo que bien pudo optarse por la alternativa de ajustar a la baja el monto de la inversión pública y aumentar la privada durante el 2017 para ambos proyectos y compensar ese cambio en el 2018 o ejercicios posteriores y de ese modo liberar esos recursos públicos al PROAGUA, cosa que no sucedió.
De igual modo, se incrementan los recursos programados en 2017 para la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) cuyo costo proyectado originalmente no rebasaba los 10 mil millones de pesos y hoy supera los 34 mil millones de pesos y cuya ejecución ha sido objeto de diversas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y al que se propone una asignación en 2017 de 3 mil 600 millones.
El esquema es claro y evidente, anotan las organizaciones, allí donde la inversión beneficiará a un selecto grupo de constructores privados, no solamente con la ejecución de las obras sino también con la operación futura de esa infraestructura, allí es donde incrementan los montos presupuestales y en cambio, en aquellos casos de proyectos de infraestructura cuya operación futura quedará a cargo de la propia Conagua o de las instancias estatales y municipales, allí sí se aplica todo el peso del recorte presupuestal.
Privatización inducida
Las organizaciones advierten que si el presupuesto no es reasignado como corresponde los organismos Operadores de Agua no podrán dar cumplimiento a la obligación constitucional de garantizar el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, ya sea porque no pueden ampliar la cobertura a los núcleos de población que carecen de este elemental servicio o porque no podrán mantener la operación del suministro de manera continua.
Ni aumentando las tarifas ni logrando ciertos niveles de eficiencia financiera, se podrá revertir esta situación, lo que obligará a los organismos operadores a buscar financiamiento privado, respondiendo así a las recomendaciones del Banco Mundial y a las presiones que durante los últimos años ha realizado la Conagua para que los Organismos Operadores privaticen la cadena del servicio público de suministro.
Recorte ilegal
Un elemento adicional a considerar es la propia ilegalidad del recorte al PROAGUA más allá del probable incumplimiento al artículo 4to Constitucional. Se trata de la violación al artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social el cual establece que “Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales”, sostienen las organizaciones.
Resarcir el recorte al PROAGUA
Por último reclaman a los diputados que durante los últimos cuatro años han claudicado a ejercer su facultad exclusiva para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo y se han conformado con tan solo buscar o generar bolsas adicionales corrigiendo el cálculo de los ingresos o modificando la tasa de algunos gravámenes.
El recorte presupuestal para el 2017 es tan severo que necesariamente se tendrán que considerar y discutir reasignaciones. Es justo que el gasto administrativo de la Conagua sea la primer fuente de reasignación a considerar en la modificación del PPEF 2017.