A TIRO DE PIEDRA: LA ILEGAL REFORMA ELECTORAL

Por Julian Santiesteban

La Biblia enseña a amar a nuestros enemigos como si fueran nuestros amigos,

posiblemente porque son los mismos

Vittorio de Sica

Como una muestra del desconocimiento de las normas que deben actualizar, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo, Emiliano Ramos Hernández anunció que enviará una iniciativa de reforma a la ley electoral local para que los once alcaldes que sean electos en 2018 duren en su encargo cuatro años, por única ocasión, sin considerar que dicha propuesta es violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Protagonismo puro.

La homologación de elecciones federales y estatales en México han tenido siempre como argumento la necesidad reducir gastos, y ahora el legislador quintanarroense de nuevo esgrimió ese argumento al señalar que su propuesta evitaría el dispendio de recursos, debido a que, en los próximos seis años, se realizarán en la entidad cuatro procesos electorales.

Como es sabido, en 2018 se renovará de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados; además de realizarse la elección de los 11 ayuntamientos locales, de acuerdo al artículo 42 de la Ley Electoral estatal, reformada apenas a finales de 2015; pero además de esto habrá también comicios en 2019 para elegir diputados locales; en 2021, de nuevo elección de diputados federales y alcaldes; para en 2022, elegir al nuevo gobernador y diputados locales.

De acuerdo al Artículo 116 fracción IV, letra “n”, de la Constitución federal, por lo menos una elección local en cada entidad debe estar homologada con alguna de las elecciones federales; y la XIV legislatura de Quintana Roo determinó que sean justamente las de presidente municipal, misma que ahora el “iluminadísimo” diputado Ramos pretende modificar, pues al ampliar el periodo a cuatro años de los alcaldes, los que sean electos en 2018 concluirían el encargo en 2022, cuando se elija nuevo gobernador, con lo que, evidentemente, la entidad no tendría ninguna elección homologada como lo estipula la Carta Magna, siendo por tanto una franca violación a la legalidad la que pretende impulsar el legislador.

El punto pudiera salvarse si se propone modificar el periodo del Legislativo, que se renovará en 2019, para que sea una legislatura de dos años y concluyan en 2021; pero si bien esto sería posible legalmente hablando, representaría un debilitamiento evidente al Poder Ejecutivo, que requiere, en los hechos, construir mayorías y aliados en el Legislativo para efectos de gobernabilidad. Con aliados como el diputado Emiliano Ramos Hernández, para qué quiere enemigos el gobernador Carlos Joaquín González.

Así, es importante destacar que si la iniciativa que asegura el legislador que ingresará, se aprobara por la XV Legislatura, pudiera representar un evidente retroceso político en la entidad, faltará ver la determinación que tomen los legisladores locales, esos que hasta ahora han dado muestras de representar sólo sus particulares intereses; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.