México, 19 feb (PL) La Ley de Seguridad Interior sigue hoy a la espera en la Cámara de Diputados tras la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de posponer su aprobación, en medio de preocupaciones de organizaciones sociales.
La legislación pretende dar un marco jurídico a la participación de las fuerzas armadas mexicanas en tareas de seguridad interior, en particular en su enfrentamiento a los grupos de la delincuencia organizada.
A mediados de enero pasado el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, presentó 17 recomendaciones en caso de que el Estado mexicano decidiera adoptar una ley de esa índole.
Entre ellas que no implique una suspensión de derechos y que sea compatible con todas las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.
Además que defina de manera clara que las fuerzas armadas no puedan participar en tareas relacionadas con la investigación de los delitos, la regulación de las migraciones o actividades de inteligencia civil.
También que cualquier involucramiento de las instituciones armadas en tareas de seguridad pública deberá tener una vigencia temporal breve y precisa, entre otros señalamientos.