Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa
Montesquieu
Antes de que concluya junio, la XV Legislatura realizará tres foros para analizar la Ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en un entorno nacional que ha exhibido la inexistencia de protección real al gremio y dejando en claro además que, mientras no haya voluntad real y todo se quiera resolver por la vía política, las agresiones y muertes de periodistas seguirán como hasta ahora.
Desconoce el escribiente si la determinación del gobernador, Carlos Joaquín González, de abrogar la ley estatal fue a sugerencia de alguien; pero se equivoca rotundamente la diputada Eugenia Solís al señalar que dicha norma fue utilizada para “oprimir la libertad de expresión” durante la administración de Roberto Borge Angulo, pues aunque el ex mandatario incluyó en el proyecto artículos que anuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser violatorios de las garantías individuales, la norma nunca fue aplicada como tal porque no se promulgó, pero se le acomodó el mote “Ley Borge” y eso la condenó.
Sin embargo, un día después de anunciada la decisión en lo local, a nivel nacional fueron llamados los gobernadores y en una sesión extraordinaria de la Conago anunciaron la determinación de garantizar la protección a periodistas, los gobiernos estatales se comprometieron a crear fiscalías, a reforzar los mecanismos locales y homologar otros tantos con el federal; pero si algo ha quedado claro, incluso para organizaciones como Artículo 19 –que tantas conferencias de “buena voluntad” ha dado recientemente en Quintana Roo-, es que los mecanismos estatales son insuficientes y que crear más mecanismos de protección no resuelven el problema.
Queda entonces claro que la tendencia es hacia homologar los criterios estatales con los nacionales, a que las instancias locales estén acotadas a la normatividad construida con base en los estándares federales e internacionales y tendientes a una protección efectiva, pronta y expedita… sólo que la ley que resulte será prácticamente igual a la que ya existía en Quintana Roo, sin los artículos que el preso Roberto Borge pretendió imponer –y que ya había anulado la SCJN-, pues ese fue justamente el fundamento para su elaboración.
¿Y entonces de qué sirven la abrogación, los foros y la elaboración de una ley que resulte igual a la que ya existía? Pues para quitar un “mote.” Ojalá a nadie se le ocurra bautizar a la futura norma como “Ley Joaquín”, pues si hay alternancia en las elecciones de 2022, pudiera estar destinada también a la abrogación; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.