El Congreso de la Unión frenó desde hace diez años una reforma constitucional que impediría a los legisladores obtener contratos para sus empresas, aprovechando su cargo público.
La reforma buscaba plasmar en la Constitución una prohibición para que los diptuados y senadores no pudieran legislar y dedicarse a sus negocios particulares al mismo tiempo.
De acuerdo con una investigación del diario El Universal, 23 empresas de legisladores han facturado más de mil millones de pesos al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Fuente: Notisistema