Luisa Ortega, ¿protectora del terrorismo en Venezuela?

Caracas 30 jun(PL) La oposición de Venezuela convocó para este sábado una manifestación en apoyo a la fiscal general Luisa Ortega, que enfrentará el 4 de julio un antejuicio de mérito por faltas graves en su gestión.
En una nota divulgada, la víspera, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela falló a favor de la demanda interpuesta por el diputado Pedro Carreño y dictaminó medidas cautelares contra Ortega, a quien abogados de diversos sectores acusan de una actitud parcializada y fomentadora de la violencia en el país.
Para garantizar su comparecencia a la vista oral y pública, la máxima instancia decidió entre otras acciones, prohibir su salida fuera del país y confiscó todos sus bienes.
En respuesta, la fiscal afirmó que desconocerá el dictamen en su contra, lo que supone su posible ausencia al antejuicio, todo un desafío al TSJ.
Para analistas, las razones de la audiencia contra Ortega radican en sus acciones de desmembramiento del Estado y desconocimiento del TSJ, que como resultado fomentó el incremento de la inestabilidad en la nación sudamericana.
Además llaman la atención a su actitud parcializada sobre las investigaciones de las víctimas como consecuencia de los disturbios provocados por la derecha desde abril último, con un saldo de al menos 77 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales al Estado y negocios privados.
Resaltan que Ortega evita nombrar responsables de los hechos relacionados con la  oposición, los cuales, aseguran, son la mayoría dentro del conflicto político del  país.
Los expertos cuestionan también su silencio sobre los asesinatos con armas de fuego fuera y dentro de las marchas de la derecha; los crímenes de odio y la incitación a la violencia; y el uso de niños y el secuestro de menores de edad para que participen en las denominadas guarimbas.
Ortega no emitió pronunciamiento alguno sobre el asedio de grupos vandálicos de la oposición a los hospitales maternos de El Valle en Caracas y Carrizal en el Estado Miranda, y al Centro de Diagnóstico Integral en Baruta, ampliamente censurado en medios políticos.
El ataque terrorista contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como los asesinatos selectivos de efectivos militares, estudiantes y militantes chavistas, tampoco merecieron su enjuiciamiento.
Sin embargo, recibió a familiares de delincuentes asociados a crímenes financiados y promovidos por la derecha, pero la madre de Orlando Figueras, joven que murió días después de ser quemado y apuñaleado vivo, espera todavía por una audiencia en el Ministerio Público.
La fiscal es también particularmente incisiva en criticar los excesos protagonizados por la Guardia Nacional Bolivariana, cuyos responsables se encuentran todos en procesos judiciales, señalaron.
Para observadores citados por la prensa local, parece evidente que la magistrada está alineada a los agentes del caos con ese papel de acusadora del Estado y de inacción en su obligación de impartir justicia en el país, lo que para expertos, justifica el antejuicio de mérito del 4 de julio.
Ante la cita penal, la ultraderecha siente que su protectora está en peligro y se apresuran a manifestarle su respaldo en la marcha de este sábado, que de seguro nuevamente podría tener un peligroso epílogo de sangre y violencia como ya es habitual en sus llamadas protestas pacíficas.