Agradar cuando se recaudan impuestos y ser sabio cuando
se ama son virtudes que no han sido concedidas a los hombres
Edmund Burke
Los empresarios turísticos de Quintana Roo se rebelaron e hicieron público su rechazo a cualquier intento gubernamental de crear nuevos impuestos aplicables al sector, argumentando que no ha habido transparencia en el manejo de los recursos que deben ser destinados a la promoción e infraestructura turística. La declaración choca de frente con la propuesta hecha por el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, quien propuso crear un gravamen de aplicación inicial en esta entidad y Baja California, cuyos recursos obtenidos serían aplicables exclusivamente para combate a la inseguridad.
La declaración de los empresarios del destino turístico más importante de Latinoamérica parece radical, pero está ampliamente fundada, pues aún están pendiente de resolverse la malversación de unos mil 400 millones de pesos recaudados del Impuesto al Hospedaje que durante la administración de Roberto Borge no se aplicaron a promoción; además, para 2017 el municipio de Solidaridad creó el llamado impuesto para saneamiento ambiental, cuyo fideicomiso apenas fue anunciado en agosto pasado, luego de ocho meses de recaudación; pero sobre todo la queja está fundamentada por el incumplimiento de compromisos por parte del gobierno federal, que la semana que concluyó debió anunciar la entrada en operación de la llamada Policía Turística en Quintana Roo y Baja California y no hubo anuncio alguno.
Ciertamente, los esfuerzos nacionales están centrados en la atención de las entidades que resultaron afectadas por los sismos recientes, pero la inseguridad en los estados turísticos ya era una emergencia desde inicios del 2017 y desde entonces el titular del ramo federal anunció que ya se preparaban medidas fiscales para obtener recursos , pero además a principios de septiembre aseguró que en este mes entraría en operaciones la Policía Turística y ninguna de las medidas fue cumplida, pues el gravamen para el combate a la inseguridad no fue contemplado para el presupuesto federal de 2018 y las corporaciones federales de seguridad nomás no se observan operando en los centros turísticos que hoy son presa del crimen organizado.
Por tal motivo; los presidentes de las asociaciones de Hoteleros, de Náuticos, de Tiempos compartidos, de Agencias de viaje, así como el presidente del Museo Subacuático de Arte (MUSA); rechazaron de forma tajante la propuesta del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y de la Secretaría de Turismo (Sectur) del cobro de un impuesto de 20 pesos para recuperación de playas y de 20 dólares a la internación vía aérea de vacacionistas internacionales; impuestos que, por cierto, el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, aseguró en días anteriores que no se crearían el próximo año, pero además que, de crearse, tendrían aplicación efectiva hasta el 2020.
Ningún impuesto local para 2018, aseguró el funcionario, por ello no debe confundirse la postura del empresariado turístico como un rechazo al gobierno local de Carlos Joaquín González, sino como una reacción a las intenciones federales de “descansar sobre los hombros” del turismo parte de su recaudación; pero eso sí, sirve también como un anuncio que no está de más, por si la administración estatal “cambiara de opinión” en las siguientes semanas, en que se analizará el presupuesto 2018 local.
En suma, la rebelión de los empresarios turísticos está en marcha, habrá que conocer la postura del gobierno estatal a dicha postura, pero sobre todo debe entenderse el posicionamiento como la antesala de la aprobación del presupuesto 2018, proceso en el que cada una de las partes involucradas pretende sacar lo mejor para sí; ciertamente, la creación de impuestos incide en la competitividad de los destinos turísticos, pero al gobierno compete la responsabilidad de mantener el desarrollo, el orden y la seguridad de los mismos, así que esta batalla apenas comienza; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.