Madrid, 2 nov (PL) La Fiscalía solicitó hoy a la Audiencia Nacional (AN) española que emita una orden europea de detención contra el depuesto presidente de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno, quienes se encuentran en Bélgica.
El pedido trascendió horas después de que el Ministerio Fiscal exigió también la prisión sin fianza para los otros ocho exconsejeros (ministros) catalanes que comparecieron este jueves en Madrid ante la jueza de la AN Carmen Lamela.
Todos están acusados por la Fiscalía General del Estado de rebelión, sedición y malversación de bienes, por su presunta responsabilidad en la declaración unilateral de independencia de esa comunidad autónoma.
La magistrada del alto tribunal decidirá en las próximas horas si los envía a la cárcel por los cargos relacionados con el proceso soberanista en esa región, que culminó el 27 de octubre con la proclamación de una República catalana por el parlamento regional.
En el caso de Puigdemont, eso implicaría su detención inmediata por las autoridades belgas.
Si el defenestrado líder separatista y sus antiguos colaboradores se negaran a ser extraditados a España, como vaticinan medios periodísticos, se iniciaría un procedimiento de extradición.
Una vez decretada la orden de detención, los dirigentes podrían ser arrestados en cualquier momento y ser puestos a disposición de un magistrado, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita esa resolución o adopta otro tipo de medidas cautelares.
En un comunicado en el que se definió como el presidente del «Gobierno legítimo» de Cataluña, el cesado mandatario ratificó la víspera que no acudiría hoy a declarar en la Audiencia Nacional.
«Estas citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas», denunció el líder separatista desde Bruselas, la capital belga.
Puntualizó que algunos de sus exconsejeros responderán en cambio a la convocatoria -como lo hicieron este jueves-, para denunciar «la falta de garantías del sistema judicial español y su voluntad de perseguir ideas políticas».
Indicó que otro grupo de colaboradores permanecerá a su lado en la capital belga para evidenciar ante la comunidad internacional «este juicio político y emplazar muy especialmente a Europa a afrontar una solución dialogada» al grave conflicto territorial.
La desproporción de las penas pedidas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, «reprobado por el Congreso español, equivalentes a delitos como el asesinato o el terrorismo, demuestran que estamos ante un juicio político», remarcó.
Sin embargo, a través de su abogado, Puigdemont se comprometió a colaborar con la justicia española y belga.
Fiscalía española solicita detención de Carles Puigdemont
