Por: Hazel Zamora Mendieta
Ni la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, ni la tipificación del feminicidio a nivel federal y mucho menos los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación han logrado crear una barrera para para prevenir los asesinatos violentos de mujeres.
Por el contrario, a pesar de los avances normativos el estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, indica que en los últimos seis años se registraron 15 mil 535 homicidios y 29 mil 707 personas desaparecidas, aunque los datos varias dependiendo de la fuente.
En este contexto las organizaciones de la sociedad civil han buscado la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), una de las herramientas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2017, para implementar medidas de urgencia en una zona determinada para proteger la vida de las mexicanas.
Actualmente los estados en la mira son Puebla, donde ocurrió el asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda, joven asesinada después de abordar un taxi privado de la empresa Cabify el pasado 8 de septiembre; y la Ciudad de México donde el pasado 3 de mayo fue encontrada sin vida Lesvy Berlín Osorio.
Con el empuje de agrupaciones y familiares de víctimas en 2017 la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), declaró siete estados en Alerta: Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Veracruz, esta última ya contaba con una Alerta por los índices de violencia feminicida.
En 2017 la Segob también negó cuatro Alertas que causaron la indignación de la sociedad civil: primero en Puebla y Tlaxcala, donde se denunciaron los altos números de desapariciones, asesinatos y casos de trata de mujeres y niñas; y después en Tabasco y el municipio sonorense de Cajeme.
Tras estas resoluciones las agrupaciones y sociedad civil se organizaron y manifestaron en calles, palacios municipales y en oficinas de la Segob para mostrar su descontento. Finalmente, las peticionarias de la Alerta en Tlaxcala y Puebla volvieron a tramitar la solicitud. Por su parte, en Sonora, optaron por interponer un amparo que está por resolverse.
Otro precedente que marcó el año fue la declaratoria de la primer Alerta por Agravio Comparado en Veracruz, es decir, por la existencia de leyes que obstaculizan los derechos sexuales y reproductivos al criminalizar a las veracruzanas que interrumpen un embarazo no deseado y castigarlas con tratamientos psicológicos.
Esta decisión no sólo colocó al estado como el primero en acumular dos Alertas (agravio comparado y feminicidio), también evidenció la crisis de violencia que viven las veracruzanas.
Con esta declaratoria se espera que en 2018 el Gobierno de Veracruz cumpla con las obligaciones que dictó la Segob, una de las más importantes es reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, con lo cual Veracruz podría ser la segunda entidad del país (además de la Ciudad de México) en permitir que las mujeres decidan sobre su maternidad.
PANORAMA 2018
En el año que inicia la Conavim tendrá que asegurar que se implementen de forma de correcta y transparente las 13 Alertas de Género hasta ahora emitidas y resolverá ocho solicitudes que están pendientes en Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán, Jalisco, Ciudad de México, Coahuila y Durango.
Cabe mencionar que para esta tarea y para la creación de otros programas y política pública enfocada en prevenir la violencia contra las mujeres, la dependencia de Segob contará con un presupuesto de 256 millones de pesos.
Una vez que las agrupaciones de la sociedad civil presentan una solicitud de AVG, la Conavim lanza una convocatoria para integrar Grupos de Trabajo de expertos que analizan la petición y emiten un informe con recomendaciones que los gobiernos estatales deben implementar. Una vez que se cumple con estas observaciones la dependencia de la Segob decide si procede o no la declaratoria de emergencia.
El próximo año los estados de Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco deberán informar si cumplieron con las recomendaciones que en 2017 les hicieron los expertos en violencia de género; mientras que en la Ciudad de México, Coahuila y Durango los grupos de especialistas entregarán los informes con las políticas públicas a implementar.
Hasta el cierre de 2017 los gobiernos de cinco estados: Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco cuentan con un periodo para implementar las políticas públicas de urgencia recomendadas por la en materia de seguridad, prevención, justicia y para visibilizar la violencia cometida contra la población femenina.
Asimismo, para 2018 se resolverá la solicitud de Alerta para la Ciudad de México. Hace dos meses trascendió que el informe del Grupo de Trabajo se daría a conocer en las primeras semanas de diciembre y aunque concluyó el trabajo de revisión de los expertos, la Conavim no lo publicó y dejó a la sociedad civil a la expectativa.
En este caso la petición de Alerta de Genero en la capital ha generado opiniones encontradas entre las autoridades y las cuatro organizaciones civiles que la solicitaron, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas, el El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Las agrupaciones a favor de la implementación señalan que la AVG es necesaria ante la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio pero el Gobierno capitalino se niega a tener esta declaratoria aludiendo a que “no se necesita” porque ya existe política pública para atender la situación y porque considera que el número de asesinatos no es alarmante.
Por otra parte Coahuila y Durango también esperan tener un resolutivo en 2018 ya que en ambos casos los Grupos de Trabajo entregarán su informe. Una vez que estos documentos se publiquen las autoridades de las entidades tendrán seis meses para acatar las recomendaciones encaminadas a prevenir y atender la violencia de género.
De declararse el mecanismo de emergencia en las ocho entidades, se sumarían a las 12 que ya cuentan con una Alerta: 11 municipios del Estado de México; ocho municipios de Morelos; 14 de Michoacán; siete de Chiapas; 11 de Veracruz (que cuenta con dos Alertas: una por Agravio Comparado y otra por violencia feminicida); cinco de Sinaloa, Nuevo León y Colima, respectivamente; seis de San Luis Potosí; ocho de Guerrero; tres de Quintana Roo; y siete de Nayarit.
Fuente: CimacNoticias