La quebradiza paz de Colombia

Bogotá (PL) El anhelo de una paz estable, duradera y completa en Colombia parece todavía un sueño por alcanzar.
Lo pactado en el histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), solo se cumple en un 18,5 por ciento.
Así lo dio a conocer el 12 de febrero la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos que ilustró cómo el acuerdo de una reforma rural integral se ha cumplido apenas en el cinco por ciento.
Aunque las FARC-EP hicieron total dejación de las armas y se constituyeron en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), les ha costado mucho su paso a la legalidad.
El proceso de reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros está plagado de dificultades, lo que ha sido reconocido por Naciones Unidas en reiteradas oportunidades.
Pese al derecho ganado de hacer política, la FARC decidió suspender su campaña electoral, luego de sucesivas amenazas y agresiones físicas y verbales a sus aspirantes al Congreso y a su candidato presidencial, Rodrigo Londoño (Timochenko).
Sobre los ataques a sus candidatos, insistió la FARC que «son auspiciados por estructuras criminales descentralizadas, pero coordinadas, de corte fascista, que encuentran eco en variadas expresiones de la ultraderecha».
«Nos hemos visto obligados a la suspensión temporal de nuestra campaña electoral en los territorios. Tal suspensión la mantendremos hasta tanto no apreciemos un cambio significativo en las señaladas circunstancias adversas», recalcó la FARC.
Según el dirigente de esa agrupación Pablo Catatumbo, algunas de las imágenes circuladas en internet dejan ver claramente los responsables de esos hechos delictivos, entre los que se encuentran algunos líderes regionales del uribista partido Centro Democrático.
Dijo que todo se ha estado realizando con plena impunidad y opinó que el derecho a la protesta no puede ser esgrimido como argumento para justificar conductas tipificadas como delitos en el código penal colombiano.
Anunció, que además de la suspensión temporal de la campaña, la FARC acudirá con todo el acervo probatorio disponible ante las instancias judiciales para que se castigue a los responsables de estos hechos.
A nombre de la dirección del partido, Catatumbo exigió al gobierno que haga efectivas las garantías para el ejercicio político de la FARC, en pie de igualdad con los demás partidos y movimientos que participan en la contienda electoral en curso.
«Colombia no puede convertirse en un Estado fallido electoralmente por culpa de los enemigos de la paz», aseveró.
El gobierno reaccionó ante los hechos y aseguró que fortalecerá los mecanismos de protección de los candidatos para que la FARC pueda retornar a la lid electoral.
«Si se requieren mayores medidas de protección para garantizar que la campaña pueda seguirse desarrollando, el gobierno va a tomar esas decisiones», afirmó el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Pero la FARC también denunció, como símbolo de los incumplimientos con lo pactado, la permanencia aún en prisión de más de 500 de sus integrantes, «convirtiéndonos en uno de los partidos surgidos de un acuerdo de paz con mayores presos políticos».
Agregó el Consejo Político Nacional de la agrupación que el número de sus militantes asesinados ya pasa de los 50 después de la firma de Acuerdo Final y que en el caso de los líderes sociales la cifra alcanza 218.
El puntillazo a tales señales de fragilidad de la construcción de la paz en Colombia lo dio el casi sepultado proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla que continúa activa en Colombia desde hace medio siglo.
Para el profesor y director de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, el proceso de paz gobierno-ELN se quedó sin oxígeno.
Las palabras del presidente, Juan Manuel Santos, de que será muy difícil retomar conversaciones con el ELN es una forma de decir que el proceso no va más, afirmó Ávila.
Al cumplirse un año del comienzo del diálogo en Quito entre el gobierno y la fuerza insurgente, y luego de una tregua bilateral de más de tres meses que logró poner freno a la intensidad del conflicto, los enfrentamientos entre las partes volvieron a primer plano.
En la medianoche del 9 de enero, al vencer el cese el fuego pactado, la guerrilla retomó las acciones ofensivas y el gobierno decidió paralizar las negociaciones.   Mutuamente se acusaron de no ser coherentes con los discursos afines a la consecución de un acuerdo de paz.
A juicio de expertos, los atentados del ELN a la infraestructura y los ataques a estaciones policiales, con saldo de ocho uniformados muertos, le hicieron un gran favor a la ultraderecha en Colombia que se opone a los procesos de reconciliación y estimula el odio como parte de su campaña electoral.
En época de elecciones cada detalle se puede capitalizar, advirtió un comentarista local, quien llamó la atención en cómo las acciones de los elenos están dando municiones a la derecha en Colombia.
Incluso el anuncio de paro armado entre el 10 y el 14 de febrero por parte del ELN fue la gota que desbordó la copa en la ya tambaleante mesa de Quito, aun cuando fuera explicado como acto de rechazo a la persecución de líderes sociales y a la judicialización de la protesta social.
Los tambores de la guerra volvieron a sonar fuerte en Colombia en los últimos días y desde la acera del gobierno se ordenó mano dura contra los elenos, al mismo tiempo que la Fiscalía General emitió órdenes de captura internacional contra los principales jefes del Comando Central del ELN.
Según Antonio García, responsable militar y segundo comandante eleno, la administración de Juan Manuel Santos «ha querido presionar por fuera de la Mesa e imponer sus lógicas y dinámicas». «El ELN no se mueve por imposiciones», sostiene el jefe guerrillero.
García asegura que el ELN quiere la paz, pero no tiene premura por un mal acuerdo.
Definitivamente, faltándole seis meses al actual gobierno y ante la incertidumbre de su sucesor, casi nadie veía probable la concreción de un acuerdo de paz en la mesa de Quito.
Por lo pronto, la escalada del conflicto armado y la cercanía de las elecciones presidenciales parecen poner punto y aparte al proceso negociador de la capital ecuatoriana, paso clave en la construcción de una paz completa en Colombia.