Washington, 17 mar (PL) Oficiales estadounidenses de inmigración detuvieron a 115 extranjeros indocumentados, durante tres días de operativos en la ciudad de San Diego, California, según informaciones periodísticas.
Casi la mitad de los apresados tenían condenas por varios delitos, siete reingresaron a Estados Unidos, luego de sufrir la deportación por orden de un juez.
A juicio de Greg Archambeault, director de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación en dicho territorio, el trabajo contra los inmigrantes se centró en los violadores de la ley.
«Durante los operativos se buscaron amenazas para la seguridad pública», apuntó el funcionario.
Hace cuatro días, el presidente norteamericano, Donald Trump, calificó de ilegales e inconstitucionales las denominadas políticas santuario, a favor de la protección de inmigrantes sin documentos, de California.
En opinión del mandatario republicano, tales normas ponen en peligro la seguridad de todo el país.
«Miles de extranjeros criminales peligrosos y violentos son liberados como resultado de las políticas santuario, liberados para atacar a estadounidenses inocentes», escribió Trump, en su cuenta personal de la red social Twitter.
«¡Esto debe parar!», concluyó el gobernante republicano, cuyas políticas migratorias reciben rechazo, de manera habitual dentro y fuera de Estados Unidos.
Casi una semana antes de las palabras de Trump, el fiscal general, Jeff Sessions, aseguró que utilizará todo su poder, para obligar a California a colaborar con las autoridades federales, en la detención y deportación de inmigrantes sin papeles.
Al intervenir en una reunión anual de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con sede en Sacramento, la capital californiana, Sessions criticó que el territorio intenta forzar una agenda radical de fronteras abiertas, en el resto de la nación.
También comparó las nuevas leyes de California y sus ciudades santuario con los intentos de los antiguos estados esclavistas del sur, en el siglo XIX, cuando trataron de anular las normas federales.
Sessions defendió la demanda presentada el 6 de marzo, por el Departamento de Justicia contra California con el fin de bloquear tres legislaciones estatales, las cuales, a su juicio, frustran el trabajo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Una de las leyes incluidas en la demanda contra California es la SB 54, que prohíbe a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, notificar a los agentes federales de inmigración sobre las fechas de liberación de los presos, bajo su custodia que han sido condenados y enfrentan la deportación.
La AB 450, a su vez, impide a los empleadores privados cooperar con los agentes que realizan operaciones en el lugar de trabajo, y les exige que informen a su personal, cuando las fuerzas del orden vienen a realizar inspecciones.
Por su parte, la AB 103 requiere que el estado revise las instalaciones de detención, donde las autoridades federales retienen a inmigrantes que enfrentan la deportación.
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