Las Naciones Unidas y el gobierno de México, con financiamiento de Canadá, implementarán un proyecto piloto para prevenir y combatir la trata de niñas y niños indígenas de Baja California, Puebla y Veracruz.
La iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que se llevará a cabo en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pretende incrementar la sensibilización y el conocimiento de la trata, toda vez que en México 45 de cada 100 víctimas son mujeres y niñas de ese grupo poblacional.
Así, se dotará de herramientas técnicas que permitan detectar conductas de riesgo en las comunidades indígenas de San Quintín, Baja California; Tlaola, Puebla y Papantla, Veracruz.
El representante de la UNODC en México, Antonino De Leo, dijo que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la Trata de Personas que realiza el organismo, condiciones como empleo, migración, acceso a la educación, entre otros factores adicionales, propician el ambiente necesario para la comisión del delito.
Explotación sexual, trabajos forzosos, servidumbre doméstica y venta de menores de edad, dijo, son solo algunas de las modalidades en que las niñas y los niños indígenas son explotados por las redes criminales.
“45 de cada 100 personas captados por redes de trata de personas son niñas indígenas, no podemos permitir que esto continúe sucediendo, y este día será recordado como una fecha significativa porque el gobierno, la embajada de Canadá, organismos internacionales, sociedad civil y medios de comunicación, manifiestan su compromiso para prevenir y combatir este gran mal”, subrayó.
De Leo afirmó que el proyecto permitirá implementar medidas concretas y coordinadas para detectar, prevenir y erradicar el fenómeno en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Empoderar rol de mujeres indígenas
Para ello, precisó, se sensibilizará a la población, se capacitará a funcionarios locales, se consolidará una red de cooperación que aporte a la eficiente detección y canalización de casos, y sobre todo se empoderará el rol de las mujeres indígenas para la prevención de la trata de personas en sus comunidades.
Al respecto, el director general de la CDI, Roberto Serrano Altamirano, detalló que con el proyecto “Detección y prevención de la trata de personas en comunidades indígenas”, se brindará capacitación en las Casas de la Mujer Indígena que hay instaladas en diferentes partes del país.
Ello permitirá que las mujeres sean las portavoces en sus comunidades, lo que las empoderará ante el delito, manifestó.
En tanto, el director general para la ONU, Luis Javier Campuzano, subrayó que la trata, al ser un fenómeno global, requiere de la responsabilidad común y compartida, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional, regional y bilateral para hacerle frente.
Durante la firma simbólica del proyecto, recordó que la cancillería cuenta con 33 esquemas de colaboración entre los consulados de Estados Unidos y comunidades locales para la atención de víctimas de trata de personas, incluida la población indígena, entre los cuales, 16 son memorándums de entendimiento, cinco grupos de tarea y 12 alianzas estratégicas.
A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Avante Juárez, explicó que la trata de personas, dentro de las violaciones de los derechos fundamentales, se ubica en la escala más alta de gravedad y de indignidad de cualquier persona, por lo que requiere de una voz enérgica y una acción incansable por parte de todos.
En tanto, el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, explicó que el proyecto marca un paso en el cambio que se quiere hacer en este país y en la región con los pueblos indígenas.
Canadá, dijo, ha cometido todos los errores posibles con sus pueblos indígenas, por lo que han empezado un ciclo de reconciliación con ellos, y esto ahora es una prioridad para su gobierno
Así, el gobierno de Canadá, mediante su Programa de Desarrollo de Capacidad Contra el Combate del Crimen, aportará un millón de dólares canadienses al proyecto, el cual forma parte de una serie de apoyos en el país y la región donde se invierten cinco millones de dólares, para abatir la delincuencia transnacional.