La Habana (PL) Un grupo de republicanos se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para analizar opciones que terminen con el cierre del gobierno, e invariablemente el tema migratorio emergió como la llave del problema.
Una de las participantes en el encuentro, la senadora Susan Collins (Maine), quien enfrentará en 2020 un duro reto para reelegirse en un estado ganado por la demócrata Hillary Clinton en su apuesta de 2016, demandó una solución o un compromiso bipartidista que le daría a ciertos inmigrantes, conocido como Dreamers, un camino hacia la ciudadanía a cambio de dinero para la seguridad fronteriza.
«Sugerí que echemos un vistazo al paquete que compilamos en febrero pasado y lo trajimos al piso como un posible compromiso», señaló Collins, recordando su conversación con Trump durante el encuentro en el Capitolio.
La propuesta de inmigración bipartidista que Collins recomendó a Trump crearía un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 1,8 millones de personas y proporcionaría 25 mil millones de dólares para la seguridad de la frontera en general.
Esa medida, copatrocinada por los senadores Mike Rounds (R-South Dakota) y Angus King (I-Maine), no fue aprobada en febrero de 2018 al faltar seis votos para llegar a los 60 necesarios a fin de vencer al filibusterismo, táctica usada por los partidos para poder pasar o impedir la votación. Obtuvo el apoyo de ocho republicanos y 46 demócratas en ese momento.
Sin embargo, la idea de Collins se quedó corta ante la propuesta del senador demócrata Joe Manchin, quien encendió este enero una luz de esperanza sobre el tema migratorio en Estados Unidos, no solo para millones de personas sino también para el presidente Trump, quien tendría una opción real con vistas a su controvertido muro en el límite con México.
Trump podría obtener un acuerdo para financiar el muro fronterizo si los republicanos accedieran a votar una reforma migratoria integral, o lo que es lo mismo, desandar el camino hasta 2013, cuando un proyecto amplio se quedó sobre la mesa de negociación.
En declaraciones concedidas a la televisora CNN, el legislador por Virginia Occidental manifestó que el ocupante de la Casa Blanca podría obtener lo que necesita en caso de que la fuerza roja acepte una votación rápida sobre el proyecto de ley de inmigración de 2013.
La idea que fue aprobada entonces por el Senado liderado por los demócratas, pero no llegó a ser considerada en la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano, incluía un camino hacia la residencia legal y la ciudadanía para una gran cantidad de inmigrantes indocumentados.
Al mismo tiempo, destinaba cerca de 40 mil millones de dólares para la seguridad de la frontera, más de lo pedido por Trump, y duplicaba el número de agentes en los límites con México, entre otras medidas patrocinadas por los republicanos con apoyo de muchos demócratas.
Si el presidente acepta esto, vamos a traer de vuelta ese proyecto de ley de reforma migratoria de 2013 dentro de 30 días, para que sea votado; si él hiciera eso, obtendría lo que necesita, expresó Manchin en referencia al discutido muro, valla o como quiera llamársele al levantamiento de las barreras en la frontera.
De avanzar en esto se acaba el cierre gubernamental que ya supera la veintena de jornadas, el mandatario cumple con una de sus promesas electorales y los demócratas logran uno de sus objetivos, una reforma integral de las leyes migratorias, una aspiración de sectores de las más variadas tendencias.
La propuesta de Manchin está en el aire y de aceptarla el mandatario, muchos problemas se aliviarían para beneficiarios y críticos del problema migratorio. Según analistas del tema sería una ganancia para todos, al menos en el papel.
El presidente Trump se opone a firmar cualquier legislación que no contenga los fondos para esa obra, lo cual provocó un estancamiento que hasta el momento no parece tener una solución inmediata.
Según Manchin, el Congreso debería dar luz verde a seis proyectos que financiaría la mayor parte del Gobierno actualmente afectada por el cierre parcial, y además avalaría una iniciativa provisional destinada a dar más tiempo al Departamento de Seguridad Nacional para discutir el tema fronterizo.
La propuesta de 2013 pudiera convertirse en la mayor reforma de leyes migratorias en más de un cuarto de siglo, al legalizar potencialmente a millones de indocumentados al precio de intensificar la seguridad fronteriza y el control de la población inmigrante.
Dicha normativa decidiría quién entra, quién se queda, cómo y bajo qué reglas en este país de inmigrantes, algo que complacería a la mayoría.
Para los republicanos y Trump, después de la derrota en las elecciones de medio término de noviembre, significaría un éxito que favorecería su futuro político al dejar de obstaculizar una reforma y atraer al sector latino, así como satisfacer un amplio abanico de intereses empresariales y religiosos.
El plan de 2013 fue negociado por un grupo bipartidista de ocho senadores de alto perfil, buscando formular algo políticamente viable para sus colegas y para los diversos intereses significativos en este debate.
Los ingredientes esenciales de la idea de 2013 incluyen una vía hacia la ciudadanía para indocumentados de un plazo de no menos de 13 años, combinada con una serie de medidas.
Entre estas figuran el gasto hasta de 5.5 mil millones de dólares en el transcurso de 10 años para ampliar las fuerzas de seguridad, tecnología y bardas a lo largo de la frontera con México, incluido el uso de drones. De acogerse, Trump obtiene lo que quiere y millones de indocumentados podrían iniciar un proceso de legalización seis meses después de que la ley entre en vigor.
Asimismo sería sustantivo el aseguramiento de la frontera, según lo acordado en 2013, a la vez que se introducirían mecanismos para controlar muchos aspectos que crean el actual caos existente en el divisorio sur de Estados Unidos.
Muchos promotores de una reforma y defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron en 2013 la iniciativa, sobre todo por ofrecer un camino difícil y oneroso para los indocumentados hacia la legalización, así como por hacer tantas concesiones a los conservadores en cuanto a la seguridad fronteriza y el control sobre estas comunidades.
Ahora eso no es sustantivo ante la crisis que existe en el límite con México, donde miles de inmigrantes indocumentados intentan entrar al país.
Resulta que el proyecto de ley de 2013 ponía como meta la vigilancia del 100 por ciento de la frontera con México, y atrapar y deportar al 90 por ciento de aquellos que lograran cruzarla de manera ilegal.
Asimismo, en los seis meses posteriores a la promulgación de la ley, el Departamento de Seguridad Nacional debería desarrollar un plan de seguridad fronteriza a fin de lograr esos objetivos, inclusive mediante el uso de aeronaves no tripuladas (drones), un mayor número de agentes y otros medios; y desarrollar un plan para identificar los lugares donde se necesiten más vallas.
El proyecto incluye, incluso, emplazar a la Guardia Nacional en la frontera para construir la valla y los puestos de control, entre otras tareas. Así el presidente Trump vería cumplidas sus promesas electorales. Y también vislumbra un nuevo programa de visas para trabajadores agrícolas en reemplazo del actual.
Los trabajadores agrícolas que ya viven en Estados Unidos ilegalmente, que han trabajado en el sector por lo menos dos años, reunirían los requisitos para obtener la tarjeta verde cinco años después si continúan en la industria.
Eso favorece al sector agrícola, un baluarte de la carrera política de Trump y sin dudas su principal apoyo para buscar la reelección en 2020.
Otras de las acciones que tenían el beneplácito de senadores demócratas y republicanos contemplan que de aprobarse el texto, dentro de cuatro años, todos los empleadores deberán usar E-Verify, un programa de verificación electrónica de identidad. Los extranjeros tendrían que mostrar una identificación con fotografía, la cual debe empatar la almacenada en el sistema.
Expertos consideran que si se desanda el camino, todos conseguirán parte de lo deseado sobre el tema migratorio aunque no sea todo lo aspirado, y se abrirá un período de entendimiento entre el dividido Congreso y la Casa Blanca.