En un análisis, los especialistas de México Evalúa Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa afirmaron que la operación concretada por la administración federal, para la compra de pipas fue realizada a través de una triangulación que impide auditar los recursos públicos utilizados en la transacción.
Los expertos en anticorrupción aseguran que la filial de Pemex III Servicios, no puede ser fiscalizada, ya que ni siquiera es posible considerase como un mecanismo de adjudicación directa, donde por lo menos se aplicarían los controles establecidos en la Ley de Adquisiciones.