Por Luis Manuel Arce Isaac
México (Prensa Latina) La detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), es la tapa de una olla podrida cuyo tufo causa náuseas.
El hombre duro del calderonato, brazo derecho del expresidente y su escudo protector, fue aprehendido el 10 de diciembre en Texas por delitos de conspiración de tráfico de cocaína, falsedad de declaraciones y recibir sobornos del narcotráfico.
Pero todo el mundo sabe que ese es apenas un formalismo jurídico para su detención, y que las causas más profundas están en una corrupción brutal que hizo del crimen organizado en México un imperio casi imbatible y cuyas desastrosas consecuencias llegan a nuestros días.
El actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que su aprehensión permitirá destapar la corrupción que se generó en México alrededor de la llamada guerra contra el narcotráfico desatada por el exmandatario Felipe Calderón.
Concretamente declaró: «Esperamos que la detención del exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos ayude a jalar la hebra de la enorme madeja de corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco.»
El caso García Luna tiene una cola muy larga en México que, aunque de hecho se inicia en las dos últimas décadas del siglo pasado con la irrupción del neoliberalismo en este país, alcanza su cenit bajo el gobierno de Calderón.
Su carrera delincuencial comenzó bajo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), del Partido Acción Nacional (PAN), considerado uno de los peores de México y más sometido a Washington.
Fox lo puso al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), aun cuando ya en esa época había suficientes evidencias de su relación con el cártel de Sinaloa, como se recoge en las crónicas periodísticas de la época y se repite en el proceso investigativo actual.
Terminado el mandato de Fox y entregada la presidencia a Calderón, su correligionario de partido después de un sonado fraude contra Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006, el nuevo mandatario pagó la participación de García Luna en la estafa en las urnas nombrándolo secretario de Seguridad Pública.
Convirtió ese cargo en el más importante de su gabinete y facilitó que su protegido lo utilizara como las horcas caudinas por debajo de las cuales debían pasar políticos y empresarios que buscaban prebendas y estaban dispuestos a vender sus almas al diablo.
Ahora, cuando en el proceso judicial en Estados Unidos salen esos rescoldos criminales de su secretario, Calderón asegura desconocer antecedentes delictivos de García Luna o negar que sean delitos algunas de las actuaciones por las que fue aprehendido.
El propio Calderón, con tales criterios, se encarga de corroborar que ese señor es mucho más importante para la justicia que lo que al expresidente gustaría porque, como afirmó un columnista mexicano, García Luna es más relevante que el ‘Chapo’ Guzmán, pues él representa al crimen organizado, mientras este es solamente un narcotraficante.
Su amigo puede «ayudar a jalar la madeja de la corrupción», y eso lo pone nervioso. La cuestión radica en que México lleva mucho tiempo siendo un productor de drogas y hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador eso se había ocultado.
El silencio sobre esa realidad, por supuesto, tiene que ver con las afirmaciones de un cronista de La Jornada de que hace mucho hay una relación entre autoridades locales primero y luego federales y narcotraficantes.
La detención y las revelaciones de las actividades delictivas del exsecretario de Seguridad y ejecutor de la guerra contra el narcotráfico -que está en el origen de la actual violencia en México- ponen en evidencia las intenciones de esa política errónea contra los cárteles.
Esa política aflora ahora como una gran y criminal simulación pues bajo el mandato de Calderón y García Luna nunca se detuvieron a los capos.
El analista Javier Buenrostro decía en un artículo reciente para Rusia Today que la narrativa usada entonces hace parecer que el mundo del narcotraficante es uno, mientras que el mundo de la política y la economía son otros, que nada tienen que ver o que solo entran en contacto de manera anómala, y la realidad mexicana indica lo contrario.
García Luna y Calderón impusieron una militarización bajo el pretexto de combate al narcotráfico, pero sospechosamente involucraba regiones con importantes recursos naturales que anhelan las trasnacionales como el agua, el gas, el petróleo y por supuesto varios productos de la minería.
Sin ir más lejos, por casualidad o causalidad, la matanza de la familia LeBarón se realizó en una zona fronteriza con importantes yacimientos de litio, observa el analista.
Entonces, si era un secreto a voces el vínculo de García Luna con el cártel de Sinaloa, ¿por qué no se actuó contra él? Desde 2012 que terminó el gobierno de Calderón, el exsecretario decidió residir a todo lujo en Miami, donde adquirió varias propiedades de valor millonario y estableció una consultoría de seguridad y gestión de riesgos.
Lo más interesante a rescatar en este affaire es que García Luna no es un narcotraficante como el Chapo, sino una figura principal del crimen organizado.
Como dice el articulista Buenrostro, él no es un hombre que recibió un soborno, sino que sobornaba; fue parte medular de las políticas públicas de México y de la relación con Estados Unidos.
Él es un protagonista clave de un sistema delincuencial, corrupto y criminal, cuyos vínculos se tejen en el mundo político e incluso en el judicial de una época muy sombría para México.
Pedro Miguel, comentarista de La Jornada, estima que la política de enfrentamiento militar al narcotráfico fue, en realidad, un programa diseñado para llevar a la sociedad mexicana a un estado de indefensión, desarticulación, zozobra y pánico.
Su finalidad era crear condiciones óptimas para el saqueo de bienes nacionales, la apropiación de recursos naturales y la explotación más extrema de la fuerza de trabajo.