Washington, 26 ene (Prensa Latina) Los esfuerzos del estado norteamericano de California por eliminar las prisiones privadas enfrentan hoy el obstáculo de una demanda interpuesta por la administración de Donald Trump contra una reciente ley sobre el tema.
El 1 de enero entró en vigor allí el proyecto de ley 32 de la Asamblea estatal, el cual prohíbe los nuevos contratos de detención privada e impulsa cambios a los vigentes, además de que establece la eliminación de esas instalaciones para 2028.
Al promover esa normativa, el gobernador Gavin Newsom y los partidarios de la ley argumentaron que las prisiones y los centros privados de detención crean incentivos para mayores tasas de encarcelamiento y para el maltrato de los reclusos con el fin de ahorrar costos.
Pero en una demanda interpuesta el viernes en San Diego, la administración Trump afirmó que la nueva ley interfiere con las prisiones federales y los sistemas de detención de inmigrantes, por lo que pidió prohibir su aplicación contra el gobierno federal.
California, por supuesto, es libre de decidir que ya no usará instalaciones privadas de detención para sus prisioneros y detenidos estatales, pero no puede dictar esa opción para el gobierno federal, indicó la demanda, citada por el diario Los Angeles Times.
El ejecutivo alegó que la legislación viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución si se aplica contra el gobierno del país, al señalar que las agencias federales tienen el poder de decidir cómo alojarán a los prisioneros y detenidos sin interferencia de las autoridades estatales.
Las cárceles privadas contribuyen al encarcelamiento excesivo, en los lugares donde se ubican reclusos y en las instalaciones que detienen a inmigrantes y solicitantes de asilo. Van en contra de nuestros valores y no tienen lugar en California, expresó la portavoz de Newsom, Vicky Waters, en un comunicado en respuesta a la demanda.
Por su parte, grupos de defensa de los inmigrantes denunciaron la acción legal del gobierno de Trump, al manifestar que el estado tiene el derecho de mantener a los presos e inmigrantes detenidos fuera de las cárceles privadas.
Es indignante, aunque no sorprendente, que la administración Trump esté en complicidad con la industria carcelaria con fines de lucro para proteger las ganancias inmorales cosechadas por el encarcelamiento masivo, indicaron en un comunicado.
«Nuestros impuestos no deberían pagar por el sufrimiento y el maltrato», añadieron organizaciones como el Proyecto de Defensa de Inmigrantes y el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
De acuerdo con el centro The Sentencing Project, el número de personas alojadas en prisiones privadas en el país aumentó un 30 por ciento desde el año 2000, y en 2017 tenían encarceladas a más de 121 mil 700 personas, lo cual representó un 8,2 por ciento del total de la población penitenciaria a nivel estatal y federal.