Washington, 11 feb (Prensa Latina) La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó hoy una demanda contra la decisión de la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, de retirar a los residentes del estado de algunos Programas de Viajeros de Confianza.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció la semana pasada que vetaría a los habitantes de ese territorio inscribirse o reinscribirse en tales programas, incluido el conocido Global Entry (Entrada global), que permite a los ciudadanos estadounidenses efectuar sus accesos al país más rápido.
Además, la normativa impide al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza obtener información en la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados del estado sin una orden judicial.
En el reclamo interpuesto en la corte federal de Manhattan, James argumentó que el movimiento es una retribución política inconstitucional contra un estado soberano, y pidió al tribunal que lo bloquee. «Nadie debería usar nuestra seguridad nacional como un arma política, y mucho menos el comandante en jefe», dijo a los periodistas.
La cruzada de Trump contra Nueva York -añadió- no sólo es un inconveniente para los neoyorquinos, también constituye una amenaza directa para una de las economías más grandes del país.
«No permitiremos que el presidente de los Estados Unidos señale a los neoyorquinos, discrimine a los neoyorquinos y nos coaccione», subrayó.
La medida del jefe de la Casa Blanca responde a la puesta en vigor allí el pasado mes de diciembre de la nueva Ley de Luz Verde, la cual posibilita a los neoyorquinos mayores de 16 años solicitar licencias de conducir no comerciales o permisos de aprendizaje, independientemente de su ciudadanía o estatus legal.
El mandatario republicano suprimió esos beneficios a los residentes de Nueva York después que en su discurso del Estado de la Unión, Trump volvió a arremeter contra las llamadas ciudades santuario, en las cuales se limita la cooperación con las autoridades migratorias.
Otros 13 estados y Washington, D.C. emiten licencias de conducir sin importar el estatus migratorio, por lo que Nueva York argumenta que fueron escogidos por razones políticas.
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York presentó una demanda por separado desafiando la prohibición en nombre de los neoyorquinos elegibles para el programa de viajes. «Nueva York se ha convertido en el objetivo favorito del presidente», advirtió su directora ejecutiva Donna Lieberman.
El subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, expresó en una teleconferencia que la medida afecta a su vez la participación en los programas FAST y NEXUS.
Para finales de 2020 unos 175 mil neoyorquinos serán retirados de los programas porque no son elegibles para la renovación y, por ejemplo, 30 mil que estaban en espera de investigación, no serán aceptados.