Washington, 11 feb (Prensa Latina) El gobierno de Estados Unidos aumentó su presión a las comunidades santuarios, con nuevos desafíos legales para Washington D.C. y Nueva Jersey, a fin de forzar la cooperación con autoridades de inmigración, informó hoy la prensa local.
En una conferencia desde la Asociación Nacional de Sheriffs, el Fiscal General norteamericano, William Barr, anunció que el Departamento de Justicia revisa las acciones de «ciertos» fiscales locales.
Barr alegó que algunos de ellos se dedicaron a acusar a los extranjeros solamente de delitos menores para protegerlos de la deportación.
«Al perseguir sus ambiciones personales y sus ideas equivocadas sobre la igualdad de justicia, estos fiscales de distrito están violando sistemáticamente el estado de derecho», puntualizó.
Además explicó Barr que esos profesionales incluso pueden estar discriminando ilegalmente a los ciudadanos estadounidenses.
«Hoy es una significativa escalada en los esfuerzos del gobierno federal para enfrentar la resistencia de las ciudades santuario», alegó Barr.
«Consideraremos adoptar medidas contra cualquier jurisdicción o cualquier político que obstruya ilegalmente la aplicación federal de la ley de inmigración», concluyó la víspera.
El diario USA Today refleja que la acción contra esos profesionales del derecho pone al fiscal general, el principal agente del orden público de la nación, en un posible curso de colisión con una multitud de sus colegas de distrito elegidos.
Ese cuerpo de fiscales resiste activamente las políticas de aplicación de la ley de inmigración de la administración, en lo fundamental en las denominadas ciudades santuario.
Más de 300 jurisdicciones en todo el territorio de los Estados Unidos se consideran santuarios de inmigración de alguna manera, aunque no se trata solo de ciudades.
Al menos ocho Estados, desde Nueva Jersey a Illinois y California, son considerados santuarios, según un análisis del Centro de Estudios de Inmigración, que favorece la restricción de la inmigración.
Cientos de ciudades y condados adicionales se niegan a informar a las autoridades federales pertinentes sobre posibles inmigrantes irregulares bajo su custodia y se niegan a cumplir con las órdenes de detención, precisa el citado diario.
Los principales líderes de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito no respondieron, de momento, a las peticiones y comentarios del Fiscal General.