México, 15 feb (Prensa Latina) El feminicidio en México es un tema muy complejo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y México, no solamente por la horrorosa cantidad de mexicanas asesinadas y la vulnerabilidad de las mujeres, sino además por su interpretación.
Las cifras son espeluznantes y es muy difícil que se repitan o igualen en cualquier otro país: En los últimos cuatro años y medio han muerto de forma violenta 14 mil 152 mujeres en México.
Lo que disgusta a la población femenina como víctima es que, si bien es cierto que las disposiciones legales exigen indagar de inicio los casos como posibles feminicidios, en la realidad solo uno de cada cinco casos es clasificado de esa forma.
En el 30 por ciento de estos casos la mujer fue asesinada dentro de su propia casa, un porcentaje que duplica al de los hombres. Hay notorias disparidades en la interpretación del crimen, pues mientras en algunos estados como Nuevo León tipifican de feminicidio el 85 por ciento de casos, otros como Guanajuato sólo consideran así un 5.
La interpretación divergente no es un problema semántico, sino que encierra una visión en favor del machismo que tergiversa el aspecto legal y la gravedad social de una actitud execrable del comportamiento humano atinente a la sociedad y al Estado de Derecho.
Allí es donde se rebelan las mujeres mexicanas porque la justicia obvia el fondo del problema, se enfadan y adoptan actitudes que rebasan las fronteras de la protesta pacífica y racional y abre cauces para la infiltración de cualquier naturaleza, política, ideológica, del crimen organizado o incluso de intereses económicos espurios.
Aceptan que no todos los homicidios de mujeres son feminicidios, pero están convencidas de que hay una subestimación del fenómeno que ignora criterios de la Corte en favor de una clasificación discrecional de las fiscalías.
Con esa visión crítica las mujeres pretenden que no se tergiversen los hechos ni se afecte el esclarecimiento de casos notoriamente feminicidas, ni se impida retratar la dimensión del problema.
Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le echan en cara que en el primer año de su gobierno han sido asesinadas poco más de tres mil mujeres, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los resultados de la actuación contra el feminicidio y su interpretación no las convencen.
Por ejemplo, cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), indican que del total de homicidios solo 726 (25,6 por ciento) son investigados como feminicidios, mientras que la gran mayoría los juzgan como homicidios dolosos.
El OCNF, una entidad civil, denuncia por el contrario una prevalencia de los feminicidios y critica la ausencia de un plan nacional integral para su atención y prevención a pesar de lo que expresa o informa el gobierno.
Es en este contexto de interpretación conceptual jurídico-legal y de acciones concretas del feminicidio que se producen las marchas de las féminas y su virulencia escapa al control incluso de las propias gestoras de las protestas, según interpretan algunos medios de prensa y círculos diplomáticos.
Las mujeres quieren un freno visible y contable del feminicidio, es decir, que se paren los asesinatos y los abusos, y aunque expresan satisfacción con las medidas del gobierno para evitar ataques sexuales, raptos, maltratos, y apruebe legislaciones contra la desigualdad de género tanto en la administración pública como la privada, no están satisfechas con los resultados.
En las manifestaciones de estos días el detonante lo provocó un diario nacional al publicar imágenes sensibles del descuartizamiento de una bella joven, Ingrid Escamilla, por su expareja, un hombre mayor celoso. Fueron fotos de prensa amarilla que hieren profundamente la sensibilidad del ser humano, dijeron las feministas.
Eso provocó que en la Cámara de diputados se propusiera de inmediato una reforma constitucional para adicionar al Código Penal sanciones a los servidores públicos que difundan imágenes como ocurrió con el caso de Ingrid.
Al sentirse aludido, y con los piquetes femeninos en el frente del Palacio Nacional que lo emplazaban a una valoración más profunda del feminicidio, López Obrador lanzó su decálogo en favor de las mujeres.
En síntesis, los 10 criterios son: Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos». «Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo.
Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no agresiones a mujeres. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres». Ocho, castigo a los responsables de violencia en contra de las mujeres Nueve, el gobierno «se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres». «Diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México».
Sin embargo, a pesar de la importancia y necesidad de aplicar esos 10 compromisos, las mujeres lo rechazaron por considerar que aun así el Ejecutivo minimiza el tema. Buscan una posición más radical que acabe de un plumazo con los asesinatos, la discriminación y la desigualdad de género.