A 16 años de que iniciará la investigación en contra del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia por el desvío de 55 millones de dólares que forman parte del fideicomiso producto de la venta de las acciones de la minera Mexicana de Cananea. Se le acusa de haber firmado y modificado documentos imprescindibles para el manejo de esos recursos, pese a que 90% de sus “representados” ya se habían jubilado.
Son cuatro documentos en los que la firma de Napoleón Gómez Urrutia se constituye en representación de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y que integran el expediente del juicio laboral que enfrenta el senador, debido a que “no estaba facultado jurídicamente” para representar a quienes ya no eran mineros sindicalizados sino en retiro, informaron los trabajadores.
“Tenemos estos cuatro documentos donde Napoleón firma por nosotros, cuando no podía hacerlo, porque ya no éramos miembros del sindicato, ya éramos mineros retirados, no podía representar a los más de dos mil trabajadores”, advirtió Sergio Vázquez Villarreal, miembro de la Comisión Especial de reclamantes.
En el contrato se estipulaba el pago de 55 millones de dólares, fechado el 22 de octubre de 2004, en donde se indicaba que dicho pago debía acreditarse a 90 días naturales después de la firma de la compraventa de las acciones.
Gerardo Flores Escobedo, vocero del CEN Democrático solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que abra una carpeta de investigación en contra del senador pues destacó que aún no se ha aclarado la desaparición del fideicomiso minero por 55 millones de dólares, mismo que no regresó a los obreros de Cananea.
Habrá que esperar a que la justicia obligue a Napoleón Gómez Urrutia a declarar el paradero de ese fideicomiso, que pertenece a esos trabajadores que dice proteger en sus apasionados discursos desde la tribuna del senado.