Ante la llegada al país de la fase 3 de la pandemia de COVID-19, la más crítica, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados expresaron que las medidas que se implementen deben proteger la salud, asegurar en todo momento la seguridad, el acceso a bienes y servicios básicos.
Los diputados indicaron que para hacer frente a los efectos más graves de la pandemia, es necesaria la plena coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos, los cuales deben tomar las acciones necesarias para salvar el mayor número de vidas.
Opinaron que las decisiones tienen que estar sustentadas, además, en las evidencias científicas y en las mejores prácticas tanto internacionales como nacionales, en las que también haya estrecha colaboración de todos los sectores productivos y sociales del país.
En un comunicado, expusieron que las medidas deben privilegiar la coordinación, la prevención, el control y la información oportuna a la población para que, de manera consciente, la sociedad asuma la corresponsabilidad necesaria, y se tomen medidas especiales de protección de las personas.
Las medidas administrativas y sanitarias de los gobiernos estatales, de la Ciudad de México y de los ayuntamientos del país, expusieron, deben seguir como parámetro mínimo indispensable la ruta que ha establecido y que dicte el Consejo de Salubridad General, respetando además la concurrencia en la materia de salud.
Asimismo, dijeron que toda autoridad está obligada a respetar y proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución federal y las constituciones locales y que en este caso cobra especial importancia el principio de proporcionalidad, por lo que, en ningún caso, dichas medidas pueden implicar suspensión o violación de derechos humanos.
Por último, detallaron que las medidas deben proteger las finanzas de las familias mexicanas y al mismo tiempo reducir los efectos económicos y sociales de la pandemia.