Madrid, 29 may (Prensa Latina) El Gobierno de coalición progresista de España dio luz verde hoy a un ingreso mínimo vital (IMV) para reducir la pobreza extrema y mejorar la desigual distribución de la riqueza que produce el país.
En una reunión extraordinaria, el Consejo de Ministros aprobó este viernes esa prestación histórica, que beneficiará a cerca de 850 mil hogares y a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos niños en situación de miseria severa.
Su importe será de entre 461 y mil euros mensuales, con un costo anual para el Estado de unos tres mil millones de euros, y protegerá en especial a las familias con niños y a los hogares monoparentales, es decir, formados por un solo adulto progenitor con menores a cargo.
De acuerdo con expertos citados por medios de comunicación, España tiene en ambos casos (entre los niños y familias monoparentales) la segunda mayor tasa de pobreza entre los 27 países de la Unión Europea.
El IMV fue anunciado en una rueda de prensa por el vicepresidente segundo del Ejecutivo español y líder de la alianza izquierdista Unidas Podemos, Pablo Iglesias; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Este ingreso será permanente como una «política de garantía de rentas que ampara a quienes peor lo están pasando, combate la pobreza y contribuye a la recuperación económica de nuestro país», subrayó hoy en Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Es una medida de justicia social porque uno de los fundamentos de la democracia es la redistribución de la riqueza, como medio especialmente útil contra la pobreza infantil, destacó Iglesias durante su comparecencia en el gubernamental Palacio de la Moncloa.
Servirá, además, para la recuperación económica, pues los ingresos van a ir directamente al consumo, argumentó.
Tanto el vicemandatario como el ministro Escrivá incidieron en que el IMV fomentará la búsqueda de empleo, ya que no retrotraerá la ayuda recibida.
Para el titular de Inclusión, este subsidio reducirá en hasta un 80 por ciento la tasa de pobreza extrema para rentas de menos de dos mil 950 euros anuales (más de un millón de personas), y en un 70 por ciento para las que van de los dos mil 950 a cuatro mil 350 euros anuales (550 mil personas).
A su turno, Iglesias definió la medida como el mayor avance en derechos sociales en la democracia española desde que se implementara el sistema de dependencia.
«No hay libertad si una persona tiene que dedicar toda su energía en sobrevivir y no en vivir. No hay libertad si no se llega a fin de mes», enfatizó el político de izquierda.
El Gobierno estudiaba la retribución hace meses, aunque la grave crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, con un fuerte aumento del desempleo, precipitó su aprobación.
Según un informe del Banco de España de marzo último, antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2, unos 12 millones de personas -casi la cuarta parte de la población española- se encontraba en situación de riesgo de pobreza.