México, 2 sep (Prensa Latina) El Senado de México aprobó hoy una declaratoria donde el Estado reconoce la competencia de la Organización de Naciones Unidas para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas ocurridas a partir de diciembre del 2010.
En su primera sesión del nuevo periodo ordinario que concluyó en las primeras horas de este miércoles la Cámara Alta estimó que con carácter retroactivo es competencia de la ONU porque es la fecha en que México firmó la convención respectiva.
Con el voto de los 107 legisladores asistentes, el pleno del Senado avaló la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aceptar la jurisdicción del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, organismo que establece la atención a las víctimas de ese delito, de manera integral.
Senadores de todos los partidos reconocieron que el presidente López Obrador haya avalado la intervención de ese organismo de la ONU, en tanto gobiernos anteriores rechazaron.
Ricardo Monreal, coordinador morenista, resaltó es de la mayor trascendencia aprobar la competencia de esa instancia, la cual ahora podría investigar y dictar recomendaciones en torno a denuncias que familiares o representantes de desaparecidos le hagan llegar.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, resaltó que por fin llega la hora en que México convoca genuinamente a organismos internacionales, en este caso a Naciones Unidas, para que coadyuven en el combate a la violación de los derechos humanos.
Dicho Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se constituyó al amparo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente en el caso de este país desde el 23 de diciembre de 2010, y establece que, de manera urgente analizará casos que le sean notificados.
En el texto aprobado se precisa que una vez recibida la comunicación y antes de decidir sobre el fondo, el Comité puede dirigir a México una solicitud para que adopte las medidas cautelares necesarias, con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
En su estreno como presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, del partido Morena, remitió al ejecutivo federal la ratificación de esa declaratoria que reconoce la jurisdicción de la ONU.
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