Washington, 21 oct (Prensa Latina) Purdue Pharma, fabricante del opiáceo OxyContin, acordó declararse culpable de cargos criminales federales por su papel en el desarrollo de la crisis de consumo de opioides en Estados Unidos, informó hoy el Departamento de Justicia.
El reconocimiento de culpabilidad es parte de un trato en el que Purdue Pharma se disolverá y pagará más de ocho mil millones de dólares, incluida una multa de 3,5 mil millones, la renuncia a dos mil millones obtenidos en ganancias pasadas y el desembolso de 2,8 mil millones en responsabilidad civil.
La compañía admitió tres delitos graves por defraudar al gobierno federal, engañar a los reguladores sobre sus esfuerzos para restringir la prescripción excesiva del medicamento, y violar las leyes contra el soborno, al pagar a los médicos para que escribieran más recetas de OxyContin.
Esta inundación de opioides resultó en costos masivos en la atención médica para hacer frente a las adicciones y las muertes, señalaron al respecto medios norteamericanos de prensa.
Según la cadena de televisión NBC News, aunque la empresa acordó pagar las enormes multas y reconocer la responsabilidad penal, sus ejecutivos y la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, no admiten ninguna infracción penal en el acuerdo.
Pero el pacto anunciado este miércoles, que debe ser aprobado por un tribunal federal de quiebras, no los protege de una posible responsabilidad penal en el futuro.
Aunque la cantidad total que el gobierno podría buscar en virtud del pacto es de 8,3 mil millones de dólares, el Departamento de Justicia no solicitará más de 225 millones a la compañía si acepta reorganizarse como una empresa de beneficio público.
La institución reorganizada, con la cual la familia Sackler no tendría ninguna conexión, donaría u ofrecería grandes descuentos en medicamentos y tratamientos de rescate por sobredosis para ayudar a las comunidades devastadas por la crisis de los opioides.
«El abuso y el desvío de opioides recetados contribuyó a una tragedia nacional de adicción y muertes, además de las causadas por los opiáceos ilícitos de la calle», manifestó el fiscal general adjunto, Jeffrey Rosen, en un comunicado.
Con declaraciones de culpabilidad criminal, un acuerdo federal de más de ocho mil millones, y la disolución de una empresa y la reutilización de sus activos enteramente para el beneficio público, el anuncio de hoy reafirma que el Departamento de Justicia no cejará en sus múltiples esfuerzos para combatir la crisis de los opioides, añadió.
Sin embargo, algunos funcionarios estatales dijeron que el trato no fue lo suficientemente lejos, entre ellos la procuradora general de Massachusetts, Maura Healey, quien consideró que no se responsabiliza a la empresa ni a la familia Sackler.
«La justicia en este caso requiere exponer la verdad y responsabilizar a los perpetradores, no apresurar un acuerdo para ganarle a las elecciones», apuntó.