Washington, 8 nov (Prensa Latina) El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a desaparecer en silencio, estiman hoy expertos, al augurar dos próximos meses plagados de estratagemas para disputar los resultados de los comicios.
Ante ese contexto, los analistas están preocupados por una posibilidad latente: que Trump convierta la transición en un ejercicio de abusos de poder, enriquecimiento personal, autoindultos y purgas.
Por un lado, el equipo legal del mandatario, abanderado por su asesor y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, afirma contar con casos concretos en los que se impidieron a observadores republicanos la entrada en las salas de recuento.
Por otro, las propias autoridades de los estados afectados, algunas republicanas, rechazan categóricamente esas declaraciones y las primeras escaramuzas legales no surtieron efecto alguno.
El resultado por estados tiene que estar confirmado, con todos los eventuales recursos y litigios resueltos, antes del 8 de diciembre.
La premura se debe a que los estadounidenses no votan directamente a su presidente, sino a las personas que representarán a su estado en el Colegio Electoral.
El Colegio Electoral debe reunirse el 14 de diciembre para que los compromisarios de cada estado emitan sus votos, que serán contabilizados en una sesión de las dos cámaras del Congreso el 6 de enero.
En otros aspectos del tema, está la despedida y cierre de Trump, ambos hechos llenos de incertidumbres condicionadas por el explosivo carácter del presidente, de quien «vamos a conocer más en estos dos próximos meses que en los últimos cuatro años», en palabras del exasesor Miles Taylor al diario The Washington Post.
Además de los persistentes rumores de una nueva «purga de castigo» entre su equipo de Gobierno, cabe la posibilidad de que haga uso de sus competencias para conceder indultos, con un propósito nunca antes visto: otorgarse a sí mismo la inmunidad ante cualquier futura investigación por delitos, señalan estudiosos.
En este escenario, el proceso de transición pasará a un segundo plano; desde el equipo del presidente electo, Joe Biden, no se espera ni ayuda ni concesión alguna.
Según fuentes de su campaña al medio antes citado, la idea consiste en aprovechar los amplios poderes que les concede la Ley de Transición Presidencial para esquivar los obstáculos que les pudieran preparar los aliados del presidente saliente.
Un informe emitido el pasado mes de agosto por el llamado Proyecto de Integridad de la Transición (TIP) teme que Trump se marque dos sencillos objetivos en este escenario: destruir pruebas incriminatorias y ganar cuanto más dinero, mejor.
«La gente de toda orientación e ideología política que participó en todos nuestros simulacros están seguros de que Trump dará prioridad a la autopreservación y al beneficio propio en lugar de garantizar una transición administrativa ordenada a su sucesor», concluyó el documento, publicado el pasado agosto en el portal de noticias Quartz.
El TIP contempla, por ejemplo, la posibilidad de que el presidente multiplique sus estancias en su residencia y cuartel general de Mar a Lago, en Florida, con el consiguiente desvío monetario hacia sus empresas particulares como encargadas de alimentar al séquito de seguridad que se vería obligado a acompañarle.
Hasta mediados de septiembre, esas visitas contaron 1,1 millones de dólares de fondos federales, que fueron directamente a las arcas de la organización del mandatario, Trump Enterprises.
Pero más realista es la opción de que el presidente pueda recurrir a la amnistía para proteger a aquellos asesores que violen leyes de protección de registros presidenciales si destruyen documentos comprometedores hacia el propio Trump.
Esa variante la pone de manifiesto el diario ‘USA Today’. No obstante, éstas son aguas desconocidas porque no está muy claro qué puede perdonarse y qué no.
A todos los efectos, el resultado es el mismo: «Va a usar estratégicamente este periodo para tratar, básicamente, de protegerse a sí mismo, a su familia y a su dinero», considera ante el ‘Washington Post’ el antiguo fiscal de la investigación especial sobre la campaña de Trump, Andrew Weissmann.