Javier Divany Bárcenas
México 14 de marzo
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que ordene al Legislativo, realizar los ajustes pertinentes conforme mandata la Carta Magna, con base en las resoluciones del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, así como de la sentencia emitida el 3 de febrero pasado por la Segunda Sala de la Corte que declaró la invalidez de 22 disposiciones de la mal llamada “Ley Nahle”.
Antonio Ortega, Secretario de la Comisión de Hacienda, advirtió que no se descarta la oleada de más de 300 amparos que se esperan en los siguientes días en los tribunales contra la recién publicada Ley de Industria Eléctrica impulsada por el Ejecutivo Federal.
El PRD considera necesario que la SCJN atraiga los litigios y emita una sentencia que norme el criterio a seguir por el Poder Judicial y que con ellos también frenar la persecución del Presidente contra jueces, como está ocurriendo en el caso de Juan Pablo Gómez Fierro.
El legislador perredista señaló que López Obrador pretendió dar la vuelta a una definición emitida en febrero pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte, y presentó ante la Cámara de Diputados, una ‘iniciativa preferente’ donde se modifican aspectos fundamentales de la Constitución de la República.
“El mandatario supo de las irregularidades jurídicas, y que habría un alud de recursos de inconstitucionalidad y amparos de todo tipo contra el contenido de su iniciativa”, afirmó.
El diputado del PRD señaló que no se descarta que Presidencia recurra a un Tribunal colegiado para intentar echar abajo la sentencia provisional y el fondo del amparo recién otorgados por el juez Gómez Fierro.
Los amparos se encuentra a la espera de un estudio a fondo sobre los reclamos de los afectados contra los actos que se desprendan de la publicación del Diario Oficial, de la Ley de la Industria Eléctrica.
Agregó que en caso de que la SCJN tomara la decisión de atraer este debate, serán necesarios ocho votos, mismos que pueden generar cierta inquietud tomando en cuenta el proceder de ministros y ministras como Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa, y Juan Luis González Alcántara-Carrancá, quienes han destacado por sus posturas ambiguas en casos de sentencias polémicas.
Habría que recordar que la Corte ha tenido votaciones de constitucionalidad resueltas por un voto de diferencia. Ministros como Norma Piña Hernández; Javier Laynez Potisek; Alberto Pérez Dayán; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales, y José Fernando Franco González-Salas, han actuado con definiciones clásicas, éticas, profesionales y académicas; pero en contrasentido, ha habido dudas de Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena y de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea”.
“Creo –expuso- que estos dos ministros, por sus antecedentes en la toma de decisiones, más los votos de Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, pudieran significar una mayoría que declarara la ‘constitucionalidad’, y sumir al país en una mar de incertidumbre política, jurídica y de inestabilidad social, aun cuando la principal responsabilidad política de la Corte, es preservar el equilibrio entre los poderes de la Unión”, advirtió el diputado.
El legislador del PRD acusó que desde hace casi 200 años, el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido, como ocurre hoy ante AMLO, por lo que alertó que “una decisión estimulada por presiones y amenazas por el poder y la necesidad del Ejecutivo, podría dañar de manera irremediable la estabilidad del país”.