Washington, 30 dic (Prensa Latina) El gobierno estadounidense, liderado por el presidente Joe Biden, rechazó hoy entregar al comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio toda la documentación solicitada por cuestiones de seguridad nacional.
La administración argumentó que algunos de los registros podrían estar relacionados con secretos de estado o privilegios ejecutivos y por tanto no podrían pasar a manos del panel legislativo.
La Casa Blanca dejó claro que aún apoya la pesquisa sobre los disturbios del pasado 6 de enero, cuando una turba de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump irrumpió en la sede del Congreso alentados por su teoría de fraude electoral para evitar la certificación de la victoria de Biden.
Según el equipo legal del mandatario demócrata, hubo negociaciones con los legisladores miembros del comité a quienes explicaron que mantener oculta parte de la información no debería «comprometer la capacidad para completar la investigación», divulgó la televisora CNN.
A pesar de la decisión, la administración está dispuesta a publicar más de 700 páginas de registros que documentan las discusiones, llamadas telefónicas y visitas de Trump y de los principales asesores sobre lo ocurrido aquel día.
Mientras los miembros del comité de la Cámara Baja aseguran que pedirán al ejecutivo acceso a toda la información relevante, el expresidente Trump y sus más cercanos aliados persisten en obstaculizar los trabajos de ese grupo parlamentario.
La semana pasada el magnate republicano pidió a la Corte Suprema evitar que los Archivos Nacionales entreguen al Congreso documentos de la Casa Blanca relacionados con los disturbios de hace casi un año.
Un grupo de abogados consideró que la información debe entregarse debido a la importancia de la investigación para evitar en el futuro que candidatos no electos intenten socavar la democracia, reseñó el diario The Hill.
Al menos cinco muertos, entre ellos, un policía, y más de 140 heridos dejaron las protestas violentas acontecidas hace 11 meses en el Capitolio, hecho considerado por observadores políticos como un «asalto a la democracia».
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