Washington, 12 may (Prensa Latina) Al expresidente estadounidense Donald Trump le exigen pagar una multa de 110 mil dólares antes del 20 de mayo, como condición para levantarle una orden de desacato relacionada con una investigación sobre presunto fraude financiero.
Si responde a ese ultimátum, el juez de Nueva York Arthur Engoron está dispuesto a desestimar el fallo de desacato contra el exmandatario, que se aplicó el pasado 25 de abril al no cumplir con la entrega de una serie de documentos a la fiscalía que avalen la legalidad de sus acciones empresariales.
Actualmente Trump está bajo una pesquisa por parte de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, con la cual tratan de demostrar si el exocupante de la silla presidencial mintió en sus declaraciones financieras de más de una década.
Sin embargo, ni el magnate ni sus abogados presentaron antes del plazo fijado (31 de marzo) los documentos requeridos.
De momento, el exgobernante está pidiendo al tribunal de apelaciones que anule la orden del magistrado de que él y sus dos hijos mayores se presenten a la declaración.
Engoron, un juez de primera instancia, falló en febrero en contra del esfuerzo de Trump por bloquear la citación, diciendo que James (demócrata), estaba en su derecho de buscar tanto documentos como testimonios del expresidente y su familia en el proceso de indagación.
«En definitiva, una fiscal general del Estado comienza a investigar una entidad empresarial, descubre abundantes pruebas de un posible fraude financiero y quiere interrogar, bajo juramento, a varios de los directivos de la entidad, incluido su homónimo. Tiene el claro derecho de hacerlo», escribió Engoron en su decisión.
El equipo legal de Trump argumenta en su apelación que las citaciones del fiscal general deben ser bloqueadas debido a la investigación penal conjunta sobre su empresa en la que participa la oficina de James con el fiscal del distrito de Manhattan.
La citación civil de la fiscal general, argumentan, está poniendo en peligro los derechos constitucionales de Trump.
Judith Vale, una abogada de la oficina del fiscal general, respondió que no hay nada inusual en las investigaciones civiles y penales paralelas y dijo que los Trump son libres de invocar sus derechos contra la autoincriminación durante una declaración.
No está claro cuándo decidirá el tribunal de apelación sobre el caso, pero ambas partes se enfrentarán de nuevo en los tribunales mañana, cuando la oficina de James pedirá a un juez federal que deseche la demanda de Trump que busca bloquear la investigación.
Como comentan aquí medios de prensa, ya sea que se trate de esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020, el manejo de documentos confidenciales de la Casa Blanca o las finanzas de su negocio homónimo, el volumen de escudriñamientos que involucran al presidente 45 resulta asombroso.