La presidenta de Perú, Dina Boluarte, no ha descartado que las elecciones anticipadas convocadas para 2024 puedan celebrarse un año antes y ha anunciado que hablará con el Congreso para intentar «acortar los plazos», mientras continúan las protestas en todo el país en apoyo del expresidente Pedro Castillo, mismas que ya han sacado al ejército a las calles.
Boluarte ha explicado que necesita coordinarse con el Congreso para anunciar la convocatoria de elecciones antes de poder fijar una fecha, que podría ser en diciembre del próximo año, por lo que ya está hablando con la comisión constitucional de la Cámara para ver hasta qué punto es posible reducir los plazos.
«Este gobierno será de transición para llamar a la calma, al diálogo y trabajar juntos», zanjó Boluarte, quien cumple una semana como primera presidenta de la historia de Perú tras jurar el cargo por la detención y acusación de Castillo por un supuesto delito de rebelión que le mantendrá hasta este miércoles en prisión.
Algunos sectores del país han conminado a Boluarte para que adelante cuanto antes la convocatoria de elecciones debido a la enésima crisis política que enfrenta el país, con fuertes movilizaciones y protestas que han dejado ya seis muertos y el anuncio de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle.
«Estamos en una crisis política y entendemos que se tiene que actuar rápidamente», dijo Luis Villanueva, presidente de la CGTP, principal sindicato de Perú, tras reunirse este martes en el Palacio Nacional con Boluarte, a quien le pidió que diera un paso al frente porque 2024 «es muy tarde».
El principal reto es ver cómo lograr recortar esos plazos. Según la ley, las elecciones se convocan con 270 días de antelación. Entre las alternativas está adelantar la siguiente legislatura a enero de 2023 para ratificar, en segunda votación, la reforma constitucional que avale convocar estos ansiados comicios.
Mientras tanto, las protestas continúan y tendrán este miércoles un nuevo episodio después de que el expresidente Castillo haya llamado a sus seguidores para que vayan a recibirle a su salida del centro de detención en Lima, en el que se encuentra desde hace una semana cuando fue apresado después de intentar sin éxito refugiarse en la Embajada de México tras anunciar la disolución del Congreso.
No obstante, Castillo podría volver a entrar en prisión si las autoridades judiciales aprueban las demandas de la Fiscalía que han pedido en esta ocasión hasta 18 meses de cárcel para él mientras se lleva a cabo la investigación.