Ciudad de Guatemala, 5 oct (Prensa Latina) Los bloqueos de carreteras en Guatemala podrían ser retirados tras amparo provisional notificado hoy por la Corte Constitucional (CC) al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
El recurso legal del alto tribunal indicó que se garantice el derecho de manifestación, sin embargo, emplazó a las instituciones de seguridad pública que utilicen la fuerza de necesitarse.
«En caso de manifestaciones en calles y carreteras, coordinen e implementen acciones tendientes a garantizar que los guatemaltecos realicen sus actividades diarias», subrayó en el texto.
Esto, sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestacion, debiendo en caso de ser necesario, habilitar carriles especificos en las vías con posibles afectaciones, añadió la Corte.
Así las personas podrían llevar a cabo las manifestaciones sin interrumpir el ejercicio de los derechos de los demas ciudadanos, apuntó en la resolución.
Orientó al presidente del país, Alejandro Giammattei; al ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos; y al director general de la Policía Nacional Civil, Edwin Manfredo Ardiano, accionar para liberar carreteras y también futuras acciones similares en el contexto electoral.
El Cacif interpuso el amparo para que se garantizaran varios derechos de la población ante el anuncio de manifestaciones y bloqueos el pasado 19 de septiembre.
Este jueves, después la notificación, remarcó que la ciudadanía tiene derecho a protestar, ya que es un medio legítimo de expresión, sin embargo, debe ejercerse sin llevar a cabo bloqueos.
Autoridades indígenas de Totonicapán y organizaciones sociales mantienen por cuarto día consecutivo cerrado el paso en más de 30 puntos del país en rechazo al actuar del Ministerio Público (MP).
La organización ancestral y el pueblo unido al denominado paro nacional indefinido reiteraron que continuarán en exigencia de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros actores.
Allanamientos del MP al Tribunal Supremo Electoral provocaron una ola de repudio en la nación por considerarlos ilegales y el llamado a que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.