Cerró 70 por ciento de restaurantes en Guatemala por crisis política

Ciudad de Guatemala, 10 oct (Prensa Latina) El 70 por ciento de los 16 mil restaurantes formales de Guatemala cerró hasta hoy debido a los bloqueos de carreteras en exigencia de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Aquellos en labores, solo prestan servicios reducidos, precisó el presidente de la gremial del sector, Abraham Az, quien añadió que durante la primera semana de protestas en las calles (la actual es la décima) las ventas bajaron a la mitad.
La directora ejecutiva del sindicato, Carmen Rosa Barillas, comentó, por su parte, que la crisis política existente amenaza otra vez la estabilidad de los restaurantes, pues provoca pérdidas económicas diarias millonarias, subrayó.
Hay marcas con cierres en 80 por ciento de su operación y otras, al 100, añadió; mientras recordó que el sector se encuentra en fase final de recuperación luego de la situación generada por la Covid-19.
En una carta enviada al presidente del país, Alejandro Giammattei, la gremial mostró el impacto de las movilizaciones, principalmente en los pequeños y medianos, que -planteó- no tienen estructura ni recursos para aguantar mucho tiempo.
Los daños -señaló- ya son mayores a los de la pandemia porque no existe un subsidio para pagar salarios de trabajadores y antes había permiso de circulación para servicio a domicilio.
El escenario actual -remarcó- afecta a más de 300 mil familias que dependen del gremio de restaurantes, lo que representa el 15 por ciento de la recaudación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Autoridades Indígenas de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán comenzaron el lunes 2 de octubre los bloqueos de vías de la nación tras continuas investigaciones del Ministerio Público (MP) contra los resultados de los comicios pasados.
Las protestas alcanzan a cerrar este miércoles al menos 119 puntos en todo Guatemala en rechazo a un supuesto golpe de Estado desde esa propia entidad y en defensa de la democracia.
Organizaciones locales e internacionales coinciden en llamar los allanamientos del MP al Tribunal Supremo Electoral interferencias violatorias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.