Ciudad de Guatemala, 10 dic (Prensa Latina) La Universidad Rafael Landívar instó a la Corte de Constitucionalidad (CC) a detener los intentos de golpe de Estado promovidos por el Ministerio Público (MP), cuya crisis conmueve hoy a toda Guatemala.
Mediante un comunicado, la casa de altos estudios advirtió que el país está frente a la amenaza de una ruptura del orden constitucional, lo cual implica perder todos los derechos individuales y colectivos, subrayó.
Reprobó la narrativa con la que el MP pretende invalidar el proceso electoral, aún cuando los resultados fueron verificados por las juntas comiciales con la participación de otros entes.
El centro universitario exhortó a la CC a resguardar el Estado de derecho, para asegurar la paz social, así como la estabilidad económica y política.
Llamó a las principales fuerzas nacionales unirse en defensa de la democracia y la integridad del proceso de los sufragios, y para exigir que se respete la opinión de la ciudadanía expresada en las urnas.
A la ciudadanía, conminó, a que mantenga la calma, busque información confiable y se exprese de forma pacífica y responsablemente para exigir y respaldar la toma de posesión del binomio electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
A la comunidad internacional convocó a seguir acompañando el proceso de cambio de autoridades del país.
Arévalo aseguró tras el aporte del MP el pasado jueves de elementos sobre el llamado caso Semilla, que el ataque y acusaciones absurdas y espurias contra su fuerza política carecen de fundamento.
Ese grupo golpista dejó muy claras las intenciones de las acciones ilegales que llevaron a cabo el último año, opinó, y contó que «empezaron con la represión para anular la libertad de expresarnos y de disentir frente al poder».
La Fiscalía presentó supuestas irregularidades administrativas en el proceso electoral, pues las actas «son nulas de pleno derecho» ya que «no fueron autorizadas» inicialmente por el TSE, divulgó.
Diferentes organizaciones locales e internacionales condenaron inmediatamente la persecución del MP y coincidieron en que constituye una nueva intervención para impedir que el nuevo Ejecutivo asuma el cargo el 14 de enero de 2024.