Santiago de Chile, 9 feb (Prensa Latina) El ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel, dijo hoy que los daños causados por los recientes incendios en Valparaíso superan las pérdidas ocasionadas por los desastres ocurridos en el país el año pasado.
Hablamos de cifras muy significativas, dijo Marcel, y aseguró que a principios de la semana próxima esperan contar con un balance completo para encarar la reconstrucción.
De acuerdo con el funcionario ese monto será superior al dejado en su conjunto por la ola de incendios forestales en febrero de 2023 y las severas inundaciones provocadas por los sistemas frontales que ingresaron al país en junio y agosto.
La mayor parte del gasto, dijo el ministro, estará en la recuperación de las viviendas totalmente destruidas, que por el momento están calculadas en 12 mil, si bien debe esperarse el resultado de las inspecciones en el terreno.
Además, agregó, se debe recuperar la capacidad productiva porque hay muchas pequeñas empresas afectadas, comercios y emprendimientos familiares, los cuales están contemplados en el programa de reconstrucción.
Recientemente la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dijo que sólo en ese municipio las pérdidas suman alrededor de mil 500 millones de dólares.
Por otro lado, el sector del turismo de la también llamada Ciudad Jardín reportó una gran cantidad de cancelaciones de paquetes de descanso y reservaciones de hoteles y muchos visitantes que ya estaban en el lugar decidieron marcharse hacia otros destinos.
Mientras, un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) publicado este viernes revela que Viña del Mar no tenía actualizado un plan de emergencia comunal ni de evacuación ante incendios.
El medio independiente cita testimonios de sobrevivientes de la tragedia, quienes indican que en medio del fuego no sabían qué hacer ni hacia dónde ir, por falta de orientaciones precisas.
Interrogado sobre las afirmaciones de Ciper, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, consideró prematuro sacar esas conclusiones y afirmó que serán los organismos del Estado los encargados de auditar todos los procedimientos.