La iniciativa de reforma en materia electoral —enviada por el Ejecutivo el 5 de febrero al Congreso de la Unión— fortalece la democracia, estima ahorros en cinco años de hasta 32 mil millones de pesos, elimina las listas plurinominales e impulsa las consultas populares y su vinculación, informó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
En conferencia de prensa matutina detalló que el cambio que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al sistema electoral plantea:
Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas
El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sustituirá al Instituto Nacional Electoral (INE). Al absorber las funciones de los 32 Organismos Públicos Locales (OPLEs), evitará duplicidad de funciones en cada estado del país, de modo que podrá efectuar elecciones federales y estatales.
Desde la reforma política-electoral de 2014, el INE asumió diversas responsabilidades de los OPLEs e interviene en sus procesos cuando lo estima necesario. Actualmente ejecuta, verifica o coordina prácticamente todas sus actividades significativas.
Establece la reducción del número de consejeros electorales al pasar de 11 a 9 integrantes; su periodo en el encargo se reducirá de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.
Estipula el fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que también atraerá las funciones de los 32 tribunales electorales locales del país. Reduce el periodo de los magistrados electorales de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.
Tanto magistrados como consejeros serán electos a nivel nacional por voto directo de la ciudadanía y no por negociaciones de partidos políticos en la cúpula como en la actualidad. De aprobarse esta reforma se llevaría a cabo una elección extraordinaria en 2025.
Generación de ahorros en beneficio del pueblo
En México, el costo de las instituciones electorales por persona equivale a 9.07 dólares, por lo que tiene uno de los sistemas electorales más caros del mundo, superior al de países como Brasil, Canadá, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile y Nicaragua.
La iniciativa de reforma del Poder Ejecutivo reduce a la mitad el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos y elimina el financiamiento para actividades partidistas específicas. De esta forma generará ahorros superiores a los 32 mil millones de pesos de 2025 a 2030.
Para las elecciones de 2024, el financiamiento público asciende a 72 mil 294 millones de pesos para partidos políticos y el funcionamiento del aparato electoral.
Este año los 33 órganos electorales tienen un presupuesto conjunto de 49 mil 838 millones de pesos, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reporta un financiamiento de 3 mil 622 millones de pesos. Los partidos políticos nacionales y locales obtendrán un total de 18 mil 834 millones de pesos.
Promoción de consultas populares y registro de nuevos partidos políticos cada tres años
Para que sean vinculantes u obligatorias en su aplicación legal, la iniciativa plantea disminuir el requisito de participación en las consultas populares de 40 a 30 por ciento, el equivalente a 30 millones de votos.
Determina que las consultas sean efectuadas el mismo día de las elecciones ordinarias cada tres años y cada elección intermedia tendrá espacio para la consulta de revocación de mandato, que evalúa el desempeño de gobernantes. Permite, además, consultar sobre temas electorales y obras de infraestructura.
Organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada tres años antes del proceso electoral y no cada seis años después de las elecciones, como ocurre actualmente. Esto impide la participación de fuerzas políticas emergentes en periodo electoral.
Eliminación de diputados y senadores plurinominales
Propone eliminar 200 diputados y 64 senadores plurinominales, es decir, los que provienen de listas de partidos políticos.
De esta manera, el Congreso de la Unión tendrá 300 diputados y 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa en los distritos o estados que representen, garantizando arraigo territorial, legitimidad y rendición de cuentas.
Se descartan 459 diputados locales plurinominales. Los estados con menos del millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán incrementarse en uno por cada 500 mil habitantes hasta un máximo de 45.
También disminuye el número de regidores y concejales. Sólo habrá una sindicatura por ayuntamiento y hasta 9 regidores y concejales, en función del número de habitantes del municipio o la alcaldía.