Quito, 8 mar (Prensa Latina) El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció hoy que la toma del canal TC Televisión, el pasado 9 de enero por grupos terroristas, habría respondido a un intento de golpe de Estado.
Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar este viernes durante la clausura del seminario internacional sobre seguridad y delincuencia, organizado por la Comunidad Europea en el país andino.
Lo vimos como un intento de golpe de Estado porque eso era lo que estaban planificando, las dos primeras semanas de enero se iba a ejecutar, trataron de desestabilizar al gobierno. Pero, una mañana, decidí declarar el estado de conflicto armado no internacional, sostuvo Noboa.
El gobernante de esta nación sudamericana reiteró que los grupos de delincuencia organizada se habían repartido los pabellones de las diferentes cárceles del país, convertidas en su centro de operaciones para delinquir. «Hoy hemos cambiado esa realidad», manifestó.
De igual manera, Noboa explicó que las medidas que tomó, y que seguirá adoptando, están orientadas a respaldar y proteger a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, adelantó que no permitirá que los delincuentes usen los Derechos Humanos como «un escudo para asesinar a cualquiera».
Ecuador cumple hoy dos meses bajo estado de excepción, medida decretada por el Gobierno conjuntamente con la declaratoria de conflicto armado interno frente a la creciente violencia, pero aumenta la preocupación por presuntas violaciones de derechos humanos.
El presidente Noboa decidió extender por 30 días más el período de excepcionalidad, única prórroga legalmente posible.
Por tanto, por un mes más los uniformados ecuatorianos estarán en las calles y las cárceles conjuntamente con la Policía Nacional para neutralizar a los 22 grupos delincuenciales catalogados como terroristas.
Ya van más de 11 mil 700 detenidos en los operativos de las fuerzas del orden.
El jefe de Estado ha ratificado en varias ocasiones su respaldo a la labor de los agentes del orden, aunque existen denuncias de ciudadanos y organizaciones civiles de presuntas violaciones de derechos por parte de uniformados.
Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, aseveró que la militarización de cárceles y calles no reduce la criminalidad y, por el contrario, sí aumenta la violación de derechos.