Santiago de Chile, 27 mar (Prensa Latina) Sindicatos de la siderúrgica de Huachipato denunciaron hoy que unos 100 trabajadores perdieron sus empleos en esa instalación, mientras continúan las negociaciones sobre el futuro de la acería considerada estratégica para Chile.
Se trata de personas vinculadas a contratistas, a quienes la empresa les notificó que ya no necesitará de sus servicios.
Este miércoles, afiliados a las agrupaciones gremiales de la planta se movilizaron desde la comuna de Talcahuano hasta la ciudad de Concepción, capital del Biobío, donde el ministro de Economía, Nicolás Grau, realiza una serie de actividades.
Fernando Orellana, presidente del Sindicato 2 de la fundición, dijo que lamentablemente no hay nada concreto frente a la situación que viven los obreros y empleados, en medio del cierre indefinido anunciado por los propietarios de la instalación.
«En eso estamos, en un velorio, y en cualquier momento esto va a ser un funeral porque ya empezaron los despidos en la empresa contratista», afirmó Orellana.
Grau ofreció que al finalizar sus compromisos en la zona escuchará a los representantes de los gremios, que incluyen también a empresas pesqueras y de otros sectores económicos de la región.
El problema comenzó cuando el directorio de la siderúrgica denunció supuestas prácticas de comercio desleal por empresas chinas exportadoras de acero que, según los demandantes, venden con precios por debajo del costo de producción, el denominado dumping.
La Corporación Aceros del Pacífico (CAP), propietaria de la instalación, apeló a la Comisión Antidistorsiones, que recomendó aplicar aranceles extraordinarios por un promedio de 15 por ciento al acero de la nación asiática durante un período de tres meses.
Estos montos fueron considerados insuficientes por la firma, la cual exige entre 25 y 33 puntos porcentuales de recargo a los diversos productos que ingresan al país, para equilibrar los precios.
Algunos economistas consideran que el problema real de Huachipato no son los bajos precios del producto chino, sino la ineficacia de la empresa chilena. El ministro Grau dijo hoy que el Gobierno adoptará una decisión en base a pruebas y no a las necesidades del grupo CAP.
Mientras tanto, los más afectados son los trabajadores y sus familias porque el cierre podría destruir más de 20 mil empleos directos e indirectos, además de dañar a otros sectores económicos de la región y el país.
Denuncian inicio de despidos en siderúrgica de Chile
