Por: Tomás Rojas Madrid
Durante este proceso electoral atípico por muchas razones, entre ellas violencia hacia los políticos, destacan las descalificaciones y las acusaciones, no tan solo a nivel federal sino también, estatal y municipal, tal es el caso del candidato del Partido Verde la presidencia de Zimapán en Hidalgo Óscar Villeda Ponce.
Sale nuevamente a la luz pública, su presunta relación con el homicidio del bar Nueva Generación del cual es propietario y prevalece la duda en los avances de la investigación, además de los señalamientos, acerca de que en ese lugar se expendían drogas, había trata de personas y reclutaba a menores y se atentaba contra la libertad de las personas.
En su momento, sexoservidoras que laboraban en el bar mencionado, denunciaron maltrato, retraso de pagos y algunas de ellas aseguraban que fueron llevadas a ese lugar para trabajar por medio de engaños y sin su consentimiento.
Otro señalamiento que ha salido en contra de Villeda es sobre el predio que presuntamente invadió siendo que era propiedad del municipio y en contubernio con las autoridades municipales se adjudicó construyendo una funeraria y un cementerio particular, razón por la cual fue separado del equipo de la Diputada Federal Yamile Salomón en noviembre del 2021.
Dentro de las violaciones a la ley electoral, por parte del aspirante a alcalde de Zimapán por el Verde, destaca también que en el evento de su arranque de campaña, hubo vehículos con las siglas CJNG que se le atribuyen al Cartel de Jalisco Nueva Generación y presencia de personas armadas, lo cual debió considerar la autoridad electoral y proceder en consecuencia.
Ante esta situación, es fundamental que se tomen en cuenta las acciones y medidas que se encuentran tipificadas en diversas fracciones de los artículos 403, 405 y 406 del código penal federal, para que el proceso electoral de Hidalgo no se vea empañado por la violencia, como ha ocurrido en otros estados de la República.