Quito, 14 may (Prensa Latina) Las extorsiones en centros educativos de Ecuador continúan hoy pese a la militarización en las calles como parte del conflicto armado interno y el estado de excepción en el país andino.
Medios locales de prensa difundieron este martes que la Policía Nacional capturó a dos sospechosos que ingresaron a una escuela del distrito Nueva Prosperina, en la ciudad costera de Guayaquil, para exigir cinco mil dólares a su directora a cambio de no atentar contra ella, los docentes y estudiantes.
Los dos sujetos fueron detenidos durante un operativo que se ejecutó cerca del centro educativo, según detalló el jefe del distrito, Roberto Santamaría, quien informó además que los hombres estaban armados.
La pasada semana, sujetos encapuchados asaltaron también una escuela de ese mismo distrito guayaquileño, uno de los más violentos de la urbe perteneciente a la provincia de Guayas, en pleno inicio del curso escolar de la Costa y Galápagos.
Este lunes, la ministra de Educación, Alegría Crespo, dijo al canal Ecuador TV que la inseguridad y la deserción escolar son los puntos que requieren mayor atención en el sistema educativo.
La titular del ramo mencionó que se enfocará en la campaña «Comunidades seguras y protectoras», iniciativa que buscará proteger a toda la comunidad educativa.
Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que «han logrado una disminución de la delincuencia en un 99 por ciento», en comparación con los primeros meses del Gobierno del expresidente Guillermo Lasso, dijo.
Sin embargo, la Red de Educadores de Ecuador advirtió recientemente que cerca de 140 maestros en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas fueron víctimas de extorsión, intimidación y amenazas en el periodo lectivo 2023-2024.
El gremio denunció que a la falta de garantías y de seguridad en zonas urbano marginales, se suma la pérdida total de autoridad dentro del aula cuando los propios estudiantes les obligan a ponerles notas por tareas o lecciones que no presentan y la situación cambia poco.
El pasado 27 de marzo, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, denunció que en los últimos meses la comunidad educativa ha sido víctima de suicidios de estudiantes, asesinatos de docentes, aumento de robos en espacios educativos, crecimiento de casos de violencia sexual y extorsión.
Esto evidencia un plan Fénix en fracaso y donde el Gobierno no entiende que el enfoque militar, policial y jurídico populista no resolverá los problemas de narcotráfico, violencia e inseguridad. Es necesario un enfoque con políticas sociales y de educación, reiteró el representante de la UNE.
Quishpe también comentó que su gremio realizó un estudio sobre las raíces de los problemas del sector educativo, documentos que han sido remitidos a varias instituciones estatales -dijo- sin recibir una respuesta.
De igual manera, criticó la inexistencia de un plan de reinserción escolar, así como de políticas preventivas para evitar que estudiantes menores de edad sean reclutados por grupos delincuenciales.