Quito, 14 jun (Prensa Latina) El Gobierno de Ecuador acusó hoy a la Asamblea Nacional (Parlamento) y calificó de «sucio pacto político» la resolución legislativa que negó el enjuiciamiento penal contra la vicepresidenta Verónica Abad.
A través de un comunicado, el Ejecutivo advirtió que «ningún funcionario está por encima de la ley y la justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad y está relacionada con el caso que se le imputa a su hijo», agregó el texto.
«La votación de hoy en la Asamblea Nacional es la evidencia más clara de lo que ya conocíamos, un sucio pacto político en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merece el país y sus ciudadanos», señaló el comunicado.
Esta tarde, el Parlamento aquí negó el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, para procesar penalmente a la vicepresidenta Abad dentro del Caso Nene.
Con 75 votos afirmativos, 38 negativos y 20 abstenciones, el Parlamento aprobó la moción presentada por la asambleísta Gissela Molina, para negar el enjuiciamiento penal contra Abad.
Molina recordó que el Legislativo no puede convertirse en el punto mediador para que el presidente y la vicepresidenta de la República resuelvan sus problemas personales de afecto y desafecto, enfatizó.
De igual manera, el Pleno negó la moción para permitir la vinculación de la vicemandataria al denominado Caso Nene, en el que es investigado su hijo Francisco Barreiro.
Para ello, se necesitaban 92 votos a favor y solo hubo 41 por parte de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que el movimiento Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano (PSC) dieron 74 votos en contra.
Asimismo, los asambleístas votaron a favor de mantener la inmunidad de la vicepresidenta a quien la Fiscalía pretendía procesar por el delito de concusión.
Según el artículo 120 de la Constitución, una de las atribuciones del Legislativo es autorizar o no, con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del presidente y la vicepresidente de la República.
De acuerdo con el fiscal Carlos Alarcón, realizaron varias diligencias y determinaron la presunta participación de Abad en una supuesta trama de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.
No obstante, para Abad, todas esas acciones responden a una persecución del Gobierno para evitar que ella asuma la presidencia cuando el mandatario Daniel Noboa tenga que entregársela para hacer campaña ante una eventual candidatura en las elecciones de 2025.
Desde el pasado mes de diciembre, la vicepresidenta se encuentra en Israel por orden de Noboa para desempeñarse como embajadora en Tel Aviv y colaboradora para la paz.
Gobierno de Ecuador acusa a Asamblea tras resolución sobre Abad
