Quito, 10 jul (Prensa Latina) Colectivos defensores de derechos humanos en Ecuador denunciaron ante el Comité contra la Tortura (CAT, siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la existencia hoy de prácticas de torturas en cárceles del país.
Según el informe que divulgó en sus redes sociales el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), al menos 680 reclusos perdieron la vida en cárceles ecuatorianas entre 2018 y 2023.
El documento, que cuenta con el apoyo también del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), indica que 2021 fue el año más sangriento en las penitenciarías, con 348 reos asesinados bajo custodia del Estado.
En opinión de esas agrupaciones, el conflicto armado interno, decretado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, pone en riesgo a la población civil debido a la falta de regulación de actuación de las Fuerzas Armadas y aseguran haber documentado prácticas de tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
Entre las prácticas de tortura mencionadas están «encierros en celdas con gas pimienta, toallas mojada con gas pimienta, golpes, azotes, entre otros actos que atentan la dignidad humana».
También subrayan la crisis en varias prisiones por la falta de suministro de alimentos, lo que generó que familiares de los reclusos tuvieran que gestionar donaciones.
Ese informe se presentó a propósito de que este martes y miércoles fuera analizado el caso de Ecuador en el 80º periodo de sesiones del CAT, en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Autoridades de la nación sudamericana comparecieron, aunque faltó la titular del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, entidad rectora de la política pública para garantizar la plena vigencia de esos derechos.
El general Luis Eduardo Zaldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), lideró la delegación oficial ecuatoriana y aseguró que el Estado realiza acciones para garantizar los derechos de los reos.