La presidenta la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Ministra Norma Piña, puso a discusión un sistema de seguridad y justicia que incluye la voz de integrantes del Poder Judicial y organizaciones sociales.
En un pronunciamiento como titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura federal, llamó a legisladores y a integrantes del sistema de justicia a abrir diálogo y considerar estas propuestas en el debate legislativo.
«La demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende; si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
«Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y de injusticia del País son culpa de los jueces, quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente; nuestra convicción y nuestro compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y con el País que todos anhelamos», indicó la Ministra Piña.
La Ministra Piña puso a disposición de los legisladores y del público en general los dos documentos contienen las iniciativas: «Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas», derivada de foros promovidos por la Corte; y «La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura», surgida al interior del Consejo de la Judicatura.
«El documento que –desde este momento está a disposicion de todos– es el resultado de un amplio diagnóstico, que integra las necesidades reales tanto de quienes tienen a su cargo funciones de justicia, como de quienes interactúan con ellos.
«También se hace público en este momento una propuesta que surje desde la Judicatura en un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como de personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia», describió la Ministra.
Acompañaron en su mensaje los ministros Juan Luis González Alcántara, Jorge Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales, así como los consejeros Sergio Javier Molina, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo.
«Hago de frente un llamado respetusoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas, debemos escucharnos entre Poderes de la Unión, escuchemos a los víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos.
«Escuchemos a los organismos de justicia internacional, estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un País en paz», planteó.
Apenas la semana pasada, la presidenta de la Corte abrió una consulta a los Ministros y Ministras para aclarar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial, ya aprobada por la Cámara de Diputados.
La Ministra Norma Piña inició dos consultas al Pleno, tras recibir solicitudes de jueces y magistrados para que la Corte tome acciones en defensa de la independencia judicial, pues considera que legalmente no está claro si ella puede actuar en el sentido que se pretende.
«Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer», dice el acuerdo de Piña.
«Se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, se pronuncie de fondo», fue una de las peticiones que hizo a Piña la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).
La Suprema Corte se encuentra dividida entre una amplia mayoría que está en contra de la reforma al Poder Judicial y un grupo de ministras que la respaldan.