Recibidas cinco mil denuncias por acoso laboral y sexual en Chile

Santiago de Chile, 30 sep (Prensa Latina) Unas cinco mil denuncias recibieron las autoridades chilenas tras la implementación de la Ley Karin, que fortalece la protección de los trabajadores frente a la violencia, el acoso laboral y sexual, según un balance ofrecido hoy.
Entre el 1 y el 31 de agosto se registraron cuatro mil 820 querellas, de las cuales tres mil 844 correspondieron al sector privado y 976 al público.
El primer informe entregado por el Gobierno precisa que la mayoría de las acusaciones fueron efectuadas por mujeres.
Las regiones donde se concentran la mayor cantidad de denuncias son la Metropolitana de Santiago, donde se encuentra la capital, seguida por Valparaíso, Los Lagos y O’Higgins.
Por sectores los más afectados son el comercio al por mayor y por menor, servicios administrativos y la enseñanza.
La ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, dijo esperar que estas cifras se estabilicen y luego desciendan cuando las medidas empiecen a dar resultados.
La legislación, que entró en vigor el 1 de agosto, lleva el nombre de Karin Salgado, una técnica en enfermería de nivel superior que sufrió una serie de maltratos tras declarar como testigo en un proceso por robo de insumos en el hospital Herminda Martín, de la comuna de Chillán.
A esta enfermera la suspendieron del trabajo por 30 días y le rebajaron el sueldo a la mitad, además de someterla a otras agresiones por parte de colegas y superiores, que afectaron su salud emocional y psicológica y la llevaron al suicidio en 2019.
La ley establece que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género.
Esta normativa cumple con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y modifica el código vigente en materia de investigaciones y condenas por actos ilícitos tanto en el sector público, como en el privado.
Asimismo, establece la obligatoriedad de empresas y centros estatales de contar con un protocolo de prevención del acoso, al tiempo que ofrece garantías a los denunciantes.