Ciudad de México, 24 oct (Prensa Latina) La presidenta Claudia Sheinbaum calificó hoy de noticias importantes la continuación del proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros, y la indicación de reanudar actividades en los juzgados y tribunales de México.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó la víspera en un comunicado que acatará una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y proseguirá con la organización del proceso para los comicios a celebrarse en 2025, uno de los aspectos clave de la reforma judicial.
La sentencia, que por mayoría de votos determinó como constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales a cargo del instituto, «trae claridad y certeza para que el INE cumpla con su función estatal de organizar elecciones», destacó en un comunicado.
Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó retomar las labores en el poder judicial a partir de este jueves y reportar las irregularidades en que pudieran incurrir quienes mantengan el paro en esos órganos.
«Los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras, el control de asistencia a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de impartición de justicia», refiere la circular aprobada por mayoría de cuatro votos.
Durante su habitual conferencia de prensa, Sheinbaum consideró que se trata de un «reconocimiento realmente, porque es una decisión del pueblo de México la reforma constitucional al poder judicial», promulgada a mediados de septiembre con el propósito de eliminar la corrupción en ese ámbito.
«Esta (la reforma) continúa por la resolución del Tribunal Electoral, que realmente me parece muy bueno, de certidumbre en este proceso, y también al Instituto Nacional Electoral, y pues esta decisión de que los jueces y juezas tienen que regresar a sus labores», señaló.
De acuerdo con autoridades y especialistas, la modificación a la carta magna busca poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias existente en el poder judicial, lo cual ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.