Ciudad de México, 24 oct (Prensa Latina) La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, carece de atribuciones para eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al poder judicial, como demanda una jueza de distrito, determinó hoy el Senado.
El acuerdo, aprobado con 81 votos a favor y 36 en contra, se deriva de una consulta hecha a la cámara alta del Congreso por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, sobre la procedencia de eliminar tal publicación, ordenada por la jueza Nancy Juárez.
Godoy recuerda en el escrito que tal modificación a la carta magna fue aprobada por ambas cámaras del parlamento, por la mayoría de las legislaturas locales, y publicada en el Diario Oficial por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con ello la reforma «pasó a formar parte inseparable del texto constitucional»; pero «la titular del juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, emitió un acuerdo en el que se requiere» a Sheinbaum la eliminación de la referida publicación.
«Tal decisión es claramente violatoria de las facultades soberanas del Constituyente Permanente y a través suyo se pretende obstaculizar la reforma constitucional en materia judicial», asegura el texto.
Ante la postura esgrimida por opositores acerca del supuesto desacato de la Presidenta a un mandato judicial, el senador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado, respondió que Juárez no tiene facultades para ordenar a la ejecutiva federal que baje del diario oficial una reforma ya publicada.
Juárez «no se mueve sola, a la jueza la mueven. ¿Quién la mueve? Los intereses de la derecha», denunció.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez (Morena), refirió que la publicación es un hecho consumado, además de que «corresponde a la autoridad competente garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación».
Las modificaciones a la Constitución no pueden ser atacadas por medios ordinarios de control judicial, por lo que cualquier resolución que pretenda detener o revertir la reforma, a través del juicio de amparo, carece de sustento legal, dijo en declaraciones versionadas por el diario La Jornada.
De acuerdo con especialistas y autoridades, la modificación a la carta magna busca poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias en el poder judicial, lo cual ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
La iniciativa contempla, entre otros puntos, la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como autoridad independiente a la Suprema Corte, y que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no pueda ser mayor a la del Presidente.