Quito, 7 nov (Prensa Latina) Ecuador sigue hoy inmerso en la polémica por las más de nueve mil conversaciones presuntamente extraídas del celular del candidato presidencial asesinado en 2023, Fernando Villavicencio, incluidos diálogos con la fiscal general, Diana Salazar.
La información, que sacaron a luz la víspera las abogadas Priscila Schettini y Angélica Porras y que este jueves amplió el medio digital La Posta, procede -según aseguran- del teléfono móvil de Villavicencio, asesinado al salir de un mítin de campaña en Quito el 9 de agosto de 2023.
Entre los archivos presentados hoy por La Posta están presuntas conversaciones entre Salazar y Villavicencio, sobre varios temas, entre ellos la designación del político como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para lo cual la fiscal habría intervenido directamente con el entonces mandatario, Guillermo Lasso.
Los periodistas de La Posta, Andersson Boscán y Mónica Velázquez, mostraron chats donde Salazar aparentemente enviaba al político asesinado documentos de casos bajo investigación.
Otro de los mensajes insinúa que Salazar amenazó en 2021 a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, con la posibilidad de allanar la institución tras recibir una alerta de fraude por parte del candidato presidencial Yaku Pérez, quien aspiraba a pasar al balotaje.
Tras la publicación de esa información, Pérez expresó su indignación contra la actuación del CNE y afirmó: «Ni todo el dinero vale más que la esperanza de todo un pueblo que soñaban con llegar al poder y gobernar no solo para las élites económicas».
Asimismo, el medio de comunicación reveló que posiblemente el abogado Charlie Pareja Cordero (Capaco), exsecretario del expresidente León Febres Cordero, entregaba dinero a Villavicencio mensualmente y daba instrucciones de cómo debía actuar en su labor como asambleísta.
Hasta ahora la fiscal Salazar no se ha pronunciado sobre estos chats, sin embargo, hace dos días la Fiscalía General del Estado señaló que el celular de Villavicencio estaba bajo custodia del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en Estados Unidos.
La nota de la institución señala que «intentan generar confusión a puertas de una campaña electoral».
Por su parte, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) comentó en su cuenta de X que tras todas las revelaciones, «si existiera justicia», el fiscal general subrogante Wilson Toainga «debería estar allanando y deteniendo a Diana Salazar en acto urgente» y añadió su etiqueta «#LosCorruptosSiempreFueronEllos».
Ecuador: Sigue la polémica por presuntos chats de candidato asesinado
