Quito, 20 dic (Prensa Latina) La legisladora Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, advirtió hoy a la fiscal general, Diana Salazar, que ningún funcionario puede ejercer el cargo fuera del país.
«Ningún funcionario público puede ejercer el cargo fuera del país. La ley es para todos», dijo Aguirre este viernes en una misiva tras los rumores de que Salazar viajó a Argentina para dar a luz.
La controversia tiene lugar mientras la Comisión de Fiscalización trata mensajes filtrados recientemente del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023, donde se revelan tramas de corrupción que involucran a Salazar.
El pronunciamiento de Aguirre llegó en respuesta a la declaración de la fiscal, quien este jueves acusó a la asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana de estar interesada en su ubicación, algo que solo buscan «las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia».
De acuerdo con la parlamentaria, no está interesada en el paradero de la funcionaria, sino en quién está actualmente a cargo de la Fiscalía General del Estado, institución que debería ser ejemplo de transparencia.
«No puede refugiarse en el silencio y peor en el ataque político para evitar responder preguntas válidas y necesarias», aseveró Aguirre.
En relación con el embarazo de Salazar, la asambleísta afirmó que jamás utilizará el cargo para perseguir a una mujer embarazada, «al contrario de lo que usted me hizo, llamándome a rendir versión con dolores de parto».
La Fiscalía no ha especificado si Diana Salazar está de licencia o se acogió a algún otro permiso, ni ha dado detalles adicionales sobre su estado de salud.
El pasado mes de noviembre, dos abogadas ecuatorianas divulgaron alrededor de cinco mil conversaciones extraídas del celular de Villavicencio, asesinado en plena campaña electoral en 2023.
Esos mensajes revelarían, por ejemplo, que la fiscal compartió información delicada con el político.
También evidenciarían que la Fiscalía, liderada por Salazar, montó un caso contra el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, quien fue acusado formalmente por abuso sexual, pero su detención ocurrió tras denunciar crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2019.