Ciudad de México, 30 dic (Prensa Latina) Las acciones de México para apoyar a sus connacionales en Estados Unidos ante posibles deportaciones evidencian el compromiso del gobierno con los migrantes, cuyos aportes son patentes hoy en la economía del vecino país norteño.
Desde el fortalecimiento de los 53 consulados en aquella nación, hasta la puesta en marcha de un centro de información y asistencia vía telefónica, las medidas buscan proteger a esas personas frente a las amenazas del futuro mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre expulsiones masivas.
Como parte de los esfuerzos, el canciller Juan Ramón de la Fuente mencionó hace pocos días la próxima implementación de una aplicación digital denominada Botón de Alerta que estará disponible en enero, el mismo mes en el cual el gobernante electo tomará posesión del cargo.
Desarrollada con apoyo de la Agencia de Transformación Digital, el programa posibilitará a una persona enviar una señal a los consulados más cercanos y avisará a familiares previamente seleccionados, así como a la cancillería en México, ante una probable detención.
Ello «nos permitiría estar alertas en el momento en el que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto a alguna detención», expuso el funcionario, quien comentó asimismo sobre el robustecimiento de un programa de asesorías legales externas con la contratación de 329.
La complejidad de la legislación en el ámbito migratorio en Estados Unidos agrega otro elemento a considerar, pues además del marco jurídico internacional, con normativas clave como la Convención de Viena, existen disposiciones federales y las establecidas en cada estado.
México tomó en cuenta igualmente la importancia de mantener actualizada toda esa enorme diversidad de leyes, para lo cual se estableció un observatorio que incorpora permanentemente los cambios realizados a las legislaciones en dicha materia.
Otro paso resultó un programa definido como fundamental: Conoce y ejerce tus derechos, dirigido a la prevención y respuesta rápida ante detenciones, redadas y acciones intimidatorias.
El secretario de Relaciones Exteriores fue enfático al señalar que para deportar a alguien desde Estados Unidos se necesita una orden judicial, una sentencia final de deportación o de remoción, y advirtió que el equipo consular estará muy pendiente del cumplimiento del debido proceso.
A las medidas anteriores, se añade un plan de acción local por parte de cada consulado, dada la existencia de un marco jurídico propio en las entidades, y la construcción de una red de apoyo comunitario con la participación de iglesias, universidades, organizaciones de migrantes y otros grupos.
Asimismo, sobresale el llamado a que quienes tengan hijos nacidos en la vecina nación los registren en los consulados; el establecimiento de alianzas con alcaldes, concejales, legisladores estatales y federales, y la implementación de una ventanilla única de trámites consulares.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la campaña lanzada busca que los connacionales sepan cuáles son sus derechos y, en caso de alguna detención, puedan comunicarse con los consulados y recibir el respaldo jurídico y legal.
Por otra parte, «a todos aquellos que lleguen a nuestro país siempre se les va a recibir y se les va a dar los apoyos sociales, los Programas de Bienestar, y también todo el apoyo que requieran que, en su momento, ya lo estaremos informando», subrayó.
Según datos oficiales, suman 38,4 millones los mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 11,5 millones son de primera generación y 26,9 millones de segunda generación, en tanto 4,8 millones se encuentran indocumentados.
México ha reiterado que, lejos de suponer una carga para aquella nación, la presencia de esos migrantes allá beneficia no solo a la economía de este país latinoamericano, sino también a la del territorio vecino, una realidad confirmada por estadísticas.
Se estima que aportan aproximadamente el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos; «entonces, son trabajadores que contribuyen de manera importante al desarrollo de sus comunidades allá», ilustró De la Fuente.
Aunque ellos envían hacia México más de 60 mil millones de dólares al año, cifras del Peterson Institute for International Economics, con sede en Washington, sostienen que el 80 por ciento de los salarios que perciben en aquel país se consumen allí.
Si dejaran de hacer esto, la economía estadounidense se contraería en más de un punto de su PIB, precisó el Instituto en un estudio que revela el peso de los mexicanos en el territorio vecino y arroja luces sobre los costos de una medida como expulsiones masivas para la economía de aquella nación.
Otra investigación, esta vez del Consejo Americano de Inmigración, concluyó que Washington tendría que gastar al menos 88 mil millones de dólares anuales con el propósito de ampliar drásticamente su infraestructura para poder deportar a un millón de personas cada año.
Con respecto a otros migrantes, Sheinbaum ha insistido a su vecino sobre la repatriación directa a las naciones de origen, y aludió recientemente a conversaciones del canciller con representantes de algunos países de la región cuyos habitantes cruzan el territorio para llegar a la frontera norte.