Conforme a la Ley de Planeación, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados, a finales de febrero, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 para su aprobación. Este documento traza los objetivos y estrategias del gobierno en distintos ámbitos. Específicamente, en materia de seguridad pública, mantiene el nuevo enfoque de su administración basado en la inteligencia, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado, para combatir el crimen organizado y la violencia.
El Plan Nacional de Desarrollo reitera el uso de la inteligencia y la tecnología para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades, y una mayor colaboración entre las instituciones encargadas de la seguridad a nivel federal, estatal y municipal, con el fin de optimizar los recursos disponibles y garantizar una mejor ejecución de las estrategias operativas.
Reitera la idea de atender las causas sociales de la violencia y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.
Estos ejes coinciden con la propuesta de reformas más recientes en materia de seguridad, elaboradas a raíz de la reforma al artículo 21 constitucional que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, facultades no sólo para formular estrategias sino para dirigir y coordinar su implementación, además de auditar los fondos destinados a la seguridad en estados y municipios.
Si bien el Plan Nacional de Desarrollo plantea un marco adecuado para fortalecer la seguridad pública, los indicadores que propone para medir su efectividad son limitados. Aún falta definir metas concretas que permitan evaluar si estas medidas realmente tendrán el impacto esperado.
Por ello es necesario que la Estrategia Nacional y el Programa de Seguridad Pública, precisen cómo se implementarán estos mecanismos, cómo se supervisará su cumplimiento y cuáles son las metas específicas de reducción de los índices delictivos, a fin de resolver los retos persistentes en seguridad pública, entre los que destacamos:
Extorsión, cobro de piso y la expansión de economías criminales. La extorsión y el cobro de piso se han convertido en una de las fuentes de financiamiento del crimen organizado, afectando tanto a empresarios como a trabajadores. Este delito ha evolucionado con nuevas modalidades y mayor violencia, debilitando el tejido social y la confianza en las instituciones. Además, ha diversificado sus operaciones hacia sectores como la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.
Violencia homicida y control territorial del crimen organizado. Aunque algunos delitos patrimoniales de impacto han disminuido, los homicidios dolosos han repuntado en diversos estados y al cierre del 2024 registraron un repunte respecto del 2023. Esperamos que las cifras a la baja que conocemos de enero y febrero sean el inicio de una positiva tendencia. Igualmente, es imprescindible atender puntualmente el terrible fenómeno de la desaparición y no localización de personas, que superan las 3,000 en lo que va del año.
El señalamiento de infiltración del crimen en la política. Se plantea la existencia de indicios de que redes criminales han buscado influir en instituciones gubernamentales, lo que representa un desafío para la aplicación de la ley. Fortalecer los mecanismos de transparencia, auditoría y control institucional es clave para reducir riesgos y garantizar que las decisiones en seguridad se mantengan ajenas a intereses delictivos.
El impacto internacional de la designación de cárteles como organizaciones terroristas. La decisión de Estados Unidos de clasificar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, plantea desafíos en la cooperación bilateral e incrementa la presión diplomática sobre el gobierno federal para endurecer su estrategia de seguridad.
Seguridad privada y la necesidad de una regulación efectiva. La ausencia de una Ley General de Seguridad Privada ha generado un sector en el que coexisten empresas legítimas con otras de dudosa legalidad. La falta de estándares uniformes impide que este sector funcione como un complemento real a la seguridad pública.
Esperamos que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, cuando sea presentada, establezca los detalles operativos que hoy siguen pendientes y permita que esta apuesta avalada por las diferentes fuerzas políticas por la inteligencia y la coordinación se traduzca en resultados concretos.
El reto sigue siendo enorme, pero una implementación eficaz de estos mecanismos puede marcar la diferencia en la lucha contra el crimen y la construcción de un México más seguro.